Por corrupción fue judicializado exalcalde de Valledupar ‘Tuto’ Uhia

Por posibles irregularidades en un contrato que buscaba beneficiar a 3.832 estudiantes del grado 11 en Valledupar (Cesar), fue judicializado el exalcalde de la localidad Augusto Daniel Ramírez Uhia.

Dentro de la misma etapa procesal fueron imputados su exsecretario de Gobierno, José Juan Lechuga Zambrano; el exsecretario de Educación, Luis Carlos Matute de la Rosa; y los contratistas Carlos Daniel Tres Palacios Carreño y González Armenta.

“La determinación está relacionada con las presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato de prestación de servicios por 592’375.000 millones de pesos; cuyo objeto era fortalecer la orientación vocacional, profesional y técnica de 3.832 estudiantes del grado 11; con miras a mejorar el desempeño en entrevistas para acceso a instituciones de educación superior a nivel nacional”, explicó la Fiscalía.

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¿Qué pasó con ese contrato en la Alcaldía de Valledupar

Los procesados habrían vulnerado los principios de planeación, expresados en la contratación pública: “Según la investigación, en los estudios previos no se tuvo presente que para la fecha en que se concretó la referida firma, las universidades en todo el territorio nacional estaban próximas a cerrar las inscripciones haciendo ineficaz el objeto del contrato”, agregó el ente investigador.

También se conoció que los elementos además fueron adquiridos con una empresa cuya matrícula había sido cancelada en 2015: “En el pliego de condiciones se anotaron cláusulas exorbitantes que no permitieron garantizar el principio de transparencia, y se incurrió en sobrecostos relacionados con el alquiler de computadores portátiles, proyectores, amplificadores de sonido y micrófonos”, dice el informe.

Además, habría inconsistencias en la obligación del contratista, Carlos Daniel Tres Palacios Carreño, sobre adquirir 320 profesionales especializados en humanidades y desarrollo humano y un comunicador social – periodista para formar a 40 grupos de estudiantes, pero para esta acción se contrató a cuatro personas a quienes le pagaron a cada una $62 millones por 80 horas de trabajo. Además, de haber subcontratado a González Armenta, para ejecutar el contrato.

Las actuaciones individuales de los investigados, dan cuenta de que el exsecretario de Educación, Luis Carlos Matute de la Rosa: “Habría emitido el informe en el que se indica que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato y hace un análisis de los resultados de la evaluación practicada a los estudiantes, pero al parecer, deja de lado el análisis de la cuenta de cobro que estaba aportando el contratista al municipio, sin percatarse que los resultados no correspondían a la realidad”.

Mientras que el exsecretario de Gobierno, Juan José Lechuga Zambrano: “Habría tramitado el contrato a sabiendas que la firma transgredía los principios que rigen la contratación, pero, además, procedió a liquidarlo utilizando como base la información presentada por el secretario de Educación”.

Por estos hechos la Fiscalía imputó los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimento de los requisitos legales y falsedad en documento privado.

Cuatro de los implicados fueron notificados de las órdenes de captura en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Valledupar y el quinto indiciado fue capturado por servidores del CTI en sector del barrio Alta Gracia de la misma ciudad.