Ya son 47 asesinatos y más de 1.800 casos de abuso policial durante el paro nacional según Indepaz

Tras iniciar el paro nacional el pasado 28 de abril, la ONG Indepaz ha reportado, hasta la fecha, más de 1.800 casos de abuso policial y 47 asesinatos que habrían sido cometidos, presuntamente, por miembros de la fuerza pública en todo el territorio nacional.

Ciudadanos y figuras públicas que han participado en las movilizaciones, han manifestado que la falta de garantías por el derecho a la protesta es evidente.

“Hoy no es solo el pueblo indígena sino el colombiano el que está pidiendo cambios a gritos, tienen que garantizar la vida. Aquí nos matan si nos movilizamos y si no también, nos están matando con la legalidad”, advierte Aida Quilcué, consejera regional indígena del Cauca.

Según algunos organismos de derechos humanos, son más de 600 las personas que han sido detenidas y luego de 36 horas no aparecen, e incluso no les dan razón a sus familiares.

Sin embargo, la Fiscalía General informó que “no existen denuncias formales por este delito” y que en un trabajo con la Defensoría del Pueblo “se ha logrado localizar a 227 personas”, mientras que otras 168 personas no han sido ubicadas.

“Se está generando la imagen insólita, aberrante, de personas arbitrariamente detenidas de las cuales no se da información. De modo que esto tiene que ser aclarado porque la confusión y la desinformación sale de la propia Fiscalía y la Defensoría del Pueblo”, expone Camilo González, presidente de Indepaz.

“Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la Fiscalía, para que actúen en defensa de los derechos humanos y dejen de guardar silencio”, reclama Luis Emil Sanabria, presidente de Redepaz.

Varios organizaciones de derechos humanos enviaron una carta a líderes políticos internacionales bajo el lema “SOS Colombia”, con el cual, esperan que se realice una intervención para ayudar a solucionar la crisis humanitaria por la cual atraviesa el país.

“A pesar de anunciar una apertura al diálogo, el lenguaje del Gobierno nacional y las fuerzas armadas cierra toda la posibilidad de esclarecer la situación crítica en la que se encuentra el país”, manifiesta Laura Restrepo, coordinadora de Boroló ORG.

Las ONG piden la creación de una comisión internacional de derechos humanos que sirva como veedora del conflicto armado en el país, para que hagan contraloría al Estado Colombiano.

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