La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición de medida cautelar en contra del Estado ecuatoriano por considerar que hay afectaciones a los derechos de vida, salud, expresión y opinión en el país, en medio de la pandemia del coronavirus.
La organización indígena, la más fuerte de su tipo en el país, informó de que presentó el martes la petición “a favor de los habitantes del Ecuador, médicos y personal sanitario, familiares de víctimas mortales; y, miembros de pueblos, nacionalidades y comunidades Indígenas”.
“El análisis se realiza desde una óptica presupuestaria, que según las normas constitucionales debe ser financiado por ingresos permanentes, es decir por lo impuestos que pagamos, ingreso de divisas”, etcétera, indica en su portal de internet.
Considera por ello que los valores que debían destinarse al sector salud “nunca debía faltar, ya que el porcentaje de todo el presupuesto equivale el 40 por ciento del valor total presupuestario”.
Por excepción y siempre que se requiera, la financiación debía realizarse con ingresos no permanentes, es decir, por las divisas de la venta del petróleo, activos del estado, regalías de la minería, entre otros, añade.
Pero opina que el Gobierno, así como el Ministerio de Economía y Finanzas, “no han transparentado información respecto a conocer ¿con qué dinero se paga a la salud?, es un secreto casi de Estado y reservado”, dice.
Añade que el presupuesto de salud “según el parámetro del 0,6 por ciento establecido por la Constitución debía encuadrarse en aproximadamente 6 mil millones de dólares anuales; sin embargo, en papeles aparece la mitad, es decir 3 mil millones, pero en valores establecidos en el presupuesto devengado no pasa de los 350 millones de dólares”.
De acuerdo a la Conaie, se “vislumbra que el pago de la deuda externa se privilegia por encima de los presupuestos de Salud, Educación y Justicia”.
Ello se evidenció -añade- “en el mes de marzo 2020, cuando se pagaron 320 millones de dólares a los tenedores de los bonos global 2020 y dejando de lado la urgencia de esos recursos para satisfacer necesidades hospitalarias, insumos médicos, etc”.
También se demuestra -apunta- con casos concretos que entre el año 2018 y 2019 “se dejaron sin efecto contratos ocasionales y nombramientos provisionales de médicos, sobre todo de asistencia familiar o de primer nivel; cuando la lógica debía ser fortalecer este sector; todo a pretexto de generar criterios de “austeridad y optimización””.
A mediados de diciembre pasado, se conocía la inminencia del contagio del COVID-19 a nivel mundial, “pero las autoridades del Ecuador, omitieron sus deberes normativos, minimizando el impacto que se tendría, y sobre todo destinando estos valiosos recursos a otras acreencias”, indica la Conaie.
“Estas omisiones deliberadas han desencadenado víctimas mortales, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, donde los fallecidos ni siquiera tienen una sepultura digna, solamente aquellos cuyos recursos lo ameritan, demostrándose una inequidad y desigualdad social galopante”, reza el comunicado.
Y asevera que si la situación “es catastrófica” en los sectores urbanos, en territorios y jurisdicciones indígenas “es apocalíptico”, ya que “al no contar con agua, hospitales, con alto índice de desnutrición, “son doblemente vulnerables”.
Ecuador se acerca a los 4.000 infectados por coronavirus, según el registro que recoge datos desde el pasado 29 de febrero, cuando se reportó el primer caso.
Según el más reciente informe oficial, hasta el momento se han registrado 220 personas fallecidas por COVID-19, mientras que 140 han recibido el alta hospitalaria tras superar la enfermedad.
La provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, es la más afectada por la pandemia con 2.706 casos, lo que representa el 67,7 por ciento.
A Guayas le siguen, en número de contagios, las provincias de Pichincha (418), Los Ríos (159), Manabí (115) y Azuay (100), precisa el informe.
EFE
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