Foto de archivo.
El Tribunal Superior de Bogotá expidió una orden de captura contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por su presunta participación en la red de corrupción que operó desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión judicial, adoptada por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, busca garantizar la comparecencia del alto exfuncionario, quien actualmente se encuentra fuera del territorio nacional.
Las autoridades sospechan que González permanece en Nicaragua, lo que genera preocupación sobre el cumplimiento de la medida de aseguramiento.
La Fiscalía General de la Nación imputó a González los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros.
Según la investigación, González habría orquestado un sofisticado esquema de corrupción desde las más altas esferas del Ejecutivo, aprovechando su posición privilegiada y la confianza depositada en él por el presidente Gustavo Petro.
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El plan consistía en inflar contratos destinados a la adquisición de carrotanques para el suministro de agua en La Guajira, desviando recursos públicos hacia el pago de dádivas a congresistas.
El entramado corrupto habría involucrado directamente a los entonces presidentes del Congreso: Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara de Representantes).
Las entregas de dinero en efectivo habrían ocurrido entre octubre y diciembre de 2023, con el objetivo de asegurar el apoyo legislativo para las reformas sociales del Gobierno Nacional.
La investigación reveló que un contrato inicialmente valorado en $46.800 millones de pesos fue inflado deliberadamente para generar recursos adicionales destinados a estos pagos irregulares. Iván Name habría recibido aproximadamente $3.000 millones de pesos, mientras que Calle habría obtenido alrededor de 1.000 millones de pesos.
El magistrado fundamentó su decisión en el evidente riesgo de fuga que representa González, considerando su posición social, los recursos económicos de los que dispone y su historial de constantes viajes internacionales. La ausencia del exfuncionario del país durante el desarrollo del proceso judicial refuerza estas preocupaciones.
El escándalo ha salpicado a múltiples funcionarios del Gobierno, incluyendo a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes también son objeto de investigación por presunto direccionamiento de contratos.
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