Foto de archivo.
Durante su visita a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, el representante de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, manifestó una creciente preocupación por la tendencia al alza del reclutamiento de menores por parte de actores armados ilegales. Campbell señaló que las redes sociales están siendo utilizadas como herramientas para captar a niñas, niños y adolescentes, quienes son seducidos con falsas promesas para luego ser integrados a la guerra.
En este contexto, Campbell explicó que la ONU mantiene diálogos con plataformas como TikTok y Meta con el objetivo de que se establezcan políticas que limiten el uso de estas aplicaciones como medios de captación por parte de los grupos armados.
Además, hizo un llamado al Estado colombiano para que fortalezca sus acciones de prevención y protección de los derechos de la infancia, en especial en territorios altamente afectados por el conflicto.
La situación en Catatumbo es especialmente crítica. Desde el 16 de enero hasta la fecha, se han registrado 126 homicidios selectivos y más de 66.000 personas han sido desplazadas forzosamente. Unas 900 personas se encuentran aún en refugios, mientras otras sobreviven con ayuda de redes comunitarias o han regresado sin garantías de seguridad. Adicionalmente, más de 11.000 personas siguen confinadas.
Scott Campbell también destacó la compleja situación que viven los pueblos indígenas, especialmente las 26 comunidades del pueblo Bari. Estas se ven enfrentadas a restricciones de movilidad, vigilancia de sus territorios, minas antipersona en sus caminos ancestrales, y obstáculos para ejercer su espiritualidad y medios tradicionales de subsistencia.
En materia de género, la Defensoría del Pueblo ha documentado 56 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, siendo migrantes el 64% de las víctimas. La ONU ha confirmado siete casos emblemáticos. Las mujeres también son víctimas de estigmatización al ser acusadas de colaborar con grupos armados, lo que aumenta su riesgo de sufrir feminicidio y otras formas de violencia.
Campbell denunció además un preocupante aumento de amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos. En los primeros tres meses de 2025, se han registrado 50 casos de amenazas en Catatumbo, superando ya los reportes de todo 2024. Por ello, urgió a la activación del mecanismo extraordinario de protección establecido en el Decreto 137 de 2025.
También alertó sobre el incremento en los casos de despojo de tierras y abandono forzado. Durante su visita, el funcionario se reunió con la Unidad de Restitución de Tierras, la cual indicó que gracias a un decreto derivado de la declaratoria de conmoción interior, pueden brindar protección jurídica a los predios abandonados por las personas desplazadas.
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