Moto Justa: el Estado no puede seguir castigando al que trabaja

En Colombia millones de personas se levantan a las 4 de la mañana para salir a trabajar. No viven del Estado. No piden privilegios. Solo quieren poder moverse, trabajar y sacar adelante a sus familias.

Y, sin embargo, el Estado terminó convirtiendo la moto del trabajador en una máquina de multas, persecuciones y castigos.

Hoy, cuando los moteros colombianos ven un puesto de control en la carretera, no sienten tranquilidad. Sienten miedo. Saben que ese retén puede significar recibir una multa, terminar con su moto inmovilizada, o incluso perderla, pues de patios jamás volverá a salir.

La moto dejó de ser un lujo hace mucho. Es el vehículo de la Colombia trabajadora. Hoy existen más de 13,5 millones de motocicletas en el país, equivalentes al 63% del parque automotor nacional. Según la ANDI, el 91% de quienes compran moto pertenecen a estratos 1, 2 y 3. Son trabajadores, estudiantes, pequeños comerciantes, campesinos, domiciliarios, mensajeros y mototaxistas.

En miles de municipios la moto no es una opción: es el único transporte real de la gente. Es la manera de llegar al trabajo. Es la herramienta para generar ingresos. Es el vehículo para transportar alimentos. Es la forma de estudiar. Es movilidad, pero también dignidad.

Y, aun así, el Estado sigue tratando a los moteros como si fueran delincuentes. El problema del SOAT refleja perfectamente esa desconexión entre el gobierno y la realidad de la gente.

Para millones de colombianos es simplemente imposible pagarlo, y cuando no hay capacidad de pago, termina creciendo el mercado de seguros falsos o “gemeliados”, dejando a las personas completamente desprotegidas. La realidad es contundente: un SOAT impagable termina siendo un SOAT evadido.

Hoy más del 60% de las motos no cuentan con este seguro, no porque la gente no quiera cumplir la ley, sino porque no tiene cómo hacerlo. Para un trabajador informal, pagar entre 150 mil y 250 mil pesos por el SOAT puede representar una semana completa de ingresos.

Por eso quiero presentar “Moto Justa”, un proyecto de ley que reconoce una realidad social que la política tradicional prefirió ignorar durante años.

Esta iniciativa garantiza la cobertura de accidentes de tránsito y la atención médica para quienes hoy circulan completamente desprotegidos. Así, con esta propuesta, los propietarios de motos de hasta 250 c.c. podrían acceder a un SOAT cero, financiado por el Estado. Porque la seguridad vial no puede seguir pagándola exclusivamente el trabajador más pobre de Colombia.

El proyecto plantea financiar este alivio con recursos provenientes del desmonte del Ministerio de la Igualdad, una entidad burocrática que le cuesta billones al país sin resolver los problemas reales de los colombianos. Mientras el gobierno gasta en estructuras políticas ineficientes, millones de trabajadores siguen atrapados entre multas, patios y seguros impagables. Nosotros creemos que esos recursos deben volverle alivios concretos a la gente.

Además, el acceso será automático. El beneficio se validará directamente con el RUNT y la licencia de tránsito, evitando trámites, filas y burocracia absurda.

Por eso radicamos este proyecto de ley: para convertir en alivio concreto lo que durante años solo fueron discursos. No habrá peajes escondidos ni trampas disfrazadas. Aquí estamos reconociendo una verdad evidente: la ciudadanía necesita poderse mover y trabajar.

Hoy más de 4.000 motos son llevadas cada mes a patios y muchas nunca vuelven a salir. Detrás de cada moto retenida hay una familia que pierde ingresos, un trabajador que no puede producir y un colombiano que siente que el Estado le quitó lo poco que tenía.

Colombia necesita dejar de perseguir al que madruga. Necesita entender que la moto no es un lujo: es el sustento de millones de familias.

Las leyes imposibles de cumplir terminan destruyendo el respeto por la legalidad. Y un Estado que le hace la vida imposible al trabajador termina alejándose de la realidad de su propia gente.