Foto: Captura de video
La Fiscalía General de la Nación ha logrado la condena en el marco de la macroinvestigación por el desfalco de recursos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Luis Eduardo L., contratista implicado en la trama de corrupción, fue sentenciado a 6 años, un mes y 21 días de prisión tras un preacuerdo con el ente acusador.
El contratista aceptó su responsabilidad en los hechos ilícitos, lo que llevó a un juez penal especializado de Bogotá a condenarlo por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Esto le podría interesar: Medellín prioriza la salud mental y reduce los intentos de suicidio en un 21.5%
Uno de los puntos clave del preacuerdo fue el reintegro total de los 7.722 millones de pesos que el contratista se apropió ilícitamente. Este dinero, según las pruebas obtenidas, fue desviado entre septiembre de 2023 y enero de 2024. Durante este periodo, Luis Eduardo recibió información privilegiada sobre los procesos contractuales de la UNGRD, lo que le permitió ajustar propuestas y cotizaciones para que sus empresas obtuvieran un contrato para el suministro de carrotanques destinados a La Guajira. A cambio de este favorecimiento, el contratista pagó dádivas.
Además de la pena privativa de la libertad, Luis Eduardo deberá afrontar una multa equivalente a 7.948 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad intemporal para desempeñar cargos públicos o contratar con el Estado, ya sea de forma personal o a través de terceros.
La iniciativa reunió el apoyo de entidades, empresas y ciudadanos para fortalecer la atención de…
La confirmación del diagnóstico de la lesión sufrida ante Ghana cambia los planes de la…
El hecho elevó a cuatro los homicidios registrados durante la jornada del viernes en el…
Los hallazgos representan un nuevo avance en el esclarecimiento de desapariciones forzadas en el Urabá…
La autoconstrucción y la falta de supervisión técnica aumentan la vulnerabilidad de miles de viviendas.
El material incautado sería utilizado por una estructura armada ilegal que delinque en el Nordeste…