Foto ilustrativa.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, entre los años 2010 y 2017, la entonces funcionaria pública ordenó el pago ilegal de 1038 títulos judiciales por un valor de $940’835.721.
El dinero era cobrado por cuatro particulares amigos de la procesada, quienes recibían sumas que oscilaban entre los 100.000 y los 200.000 pesos por cada título que hacían efectivo.
Los depósitos judiciales correspondían a procesos ejecutivos, de alimentos, cesación de efectos civiles de matrimonios católicos, liquidación de sociedades conyugales, divorcios y sucesiones que se tramitaban en el mencionado despacho.
Ante la contundencia del material probatorio recopilado por la Fiscalía, la abogada Molina Ramírez, pensionada y de 60 años de edad, decidió allanarse a los cargos durante la audiencia de acusación.
La condenada, quien permanece recluida en una cárcel del Distrito Judicial de Medellín, no recibió ninguna rebaja de pena porque solo devolvió 17 millones de pesos del total del dinero apropiado.
La defensa apeló la decisión de primera instancia ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Un fiscal seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública adelanta la investigación contra los 4 particulares y varios exsecretarios del Juzgado Quinto de Familia de Medellín, por su presunta participación en los mismos hechos.
2021-04-17
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