Foto sacada de redes sociales.
El Gobierno Nacional ordenó poner en marcha un plan urgente para definir qué ocurrirá con las funciones, programas, proyectos y recursos que estaban bajo responsabilidad del Ministerio de Igualdad, luego de la liquidación oficial de esta entidad.
El documento está dirigido a los ministerios del Interior, Hacienda y Crédito Público, y Justicia y del Derecho, además del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el Departamento de Prosperidad Social (DPS). Estas entidades deberán trabajar en la redistribución ordenada de las competencias que tenía la cartera.
La decisión se toma en cumplimiento del Decreto 626 del 19 de junio de 2026, mediante el cual se estableció la liquidación del Ministerio de Igualdad, después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la Ley 2281 de 2023, norma que había creado la entidad.
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La Corte había diferido los efectos de su decisión durante dos legislaturas para facilitar una transición. Sin embargo, el Ejecutivo señaló que no quedó implementado un proceso efectivo para trasladar las competencias, situación que podría generar vacíos en políticas dirigidas a poblaciones consideradas sujetos de especial protección constitucional.
La directiva establece cuatro líneas de acción. Las entidades deberán brindar apoyo prioritario al liquidador; Función Pública coordinará el plan para determinar los ajustes organizacionales y la distribución de programas e inversiones; los organismos de control podrán realizar seguimiento preventivo y acompañamiento, y las demás entidades del Gobierno deberán prestar asistencia técnica cuando sea requerida.
El proceso de liquidación tendrá un plazo de un año y estará bajo la dirección exclusiva del liquidador designado, John Milton Rodríguez, exsenador y pastor, quien asumió esa función desde mediados de agosto.
Según lo planteado, uno de los objetivos del proceso es recuperar como mínimo cerca de $200.000 millones de pesos.
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