La narrativa de la “junta del narcotráfico”: una invención que ya no se sostiene

¿No ha llegado el momento de abandonar narrativas desgastadas que ya nadie se cree? Desde hace más de un año se insiste, desde ciertos sectores, en la existencia de una supuesta “junta del narcotráfico” compuesta por grupos armados como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) lideradas por “Iván Mordisco”. Sin embargo, esta construcción no solo carece de fundamento, sino que ha sido ampliamente desmentida, incluso por agentes del propio Estado.

Insistir en esta teoría no solo es intelectualmente deshonesto, sino estratégicamente peligroso. Resulta evidente que dicha narrativa ya ha perdido todo impacto, y su repetición parece más un intento de desviar la atención pública que una interpretación honesta de las dinámicas del conflicto armado actual.

Disputas, no alianzas: una lectura más cercana a la realidad

Los más recientes informes de inteligencia coinciden en un punto esencial: las relaciones entre el EGC y el EMC son fundamentalmente competitivas, no cooperativas. En distintas regiones del país, como el sur del Valle, el Catatumbo y el Cauca, se documentan enfrentamientos entre estos grupos por el control territorial, control social y rentas ilegales.

Incluso la propia estructura del EMC evidencia una fragmentación interna que desmiente cualquier posibilidad real de una alianza funcional. Frentes como el Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Carlos Patiño actúan de manera autónoma o en abierta desobediencia a las órdenes de “Mordisco”. Esta fractura interna reduce significativamente cualquier probabilidad de coordinación estratégica con un actor como el EGC, cuyas motivaciones, estructuras y redes de operación responden a lógicas distintas.

Estigmatizar para militarizar

La narrativa de la “junta del narcotráfico” no es solo falsa; también es funcional a ciertos intereses. Estigmatiza regiones históricamente golpeadas por el conflicto —como el Cauca o el Catatumbo— y justifica su militarización, ignorando por completo las causas estructurales de la violencia: pobreza, abandono estatal, incumplimiento de los acuerdos de paz, y ausencia de políticas de desarrollo social integrales.

Al reducir el análisis del conflicto a una supuesta conspiración criminal entre grupos armados, se invisibiliza a las comunidades que siguen reclamando inversión social, respeto por los derechos humanos y oportunidades reales de paz. Esta narrativa alimenta una política de seguridad reactiva, que profundiza la exclusión y posterga las soluciones estructurales que tanto necesita el país.

Un llamado urgente

Persistir en la ficción de una “junta” entre el EGC y el EMC es un acto de irresponsabilidad política. No solo socava la credibilidad de las instituciones, sino que distrae de las verdaderas prioridades del país: garantizar la vida, promover el desarrollo territorial y avanzar hacia una paz sostenible.

Es hora de dejar atrás los relatos inventados y asumir una lectura compleja, honesta y humana del conflicto armado. Solo así será posible construir políticas públicas eficaces, justas y centradas en las verdaderas necesidades de los territorios.

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