La Justicia que se aplique en un eventual posconflicto en Colombia no se reduce únicamente a determinar si los guerrilleros de las FARC que se desmovilicen irán a prisión, advirtió hoy el PNUD, que considera que es prematuro y poco productivo abrir este debate por la fuerte polarización que genera.
Así lo expuso en Bogotá a periodistas la coordinadora del Fondo de Justicia Transicional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, Isabel Albaladejo, quien detalló que el paso por la prisión “simplemente es uno de los elementos a considerar”.
“No es un tema que tenga que ser discutido ahora porque eso es relegar el tema de justicia transicional a un elemento que a la luz de la visión integral simplemente es uno de los elementos a considerar”, sostuvo.
Enfocar el debate en ese aspecto, agregó, es “entrar en el debate político y la polarización”, algo que, a su juicio, “flaco favor le hace a la sociedad colombiana y al país”.
La cuestión de si los guerrilleros deben o no pagar penas de cárcel es uno de los elementos más polémicos que rodean el debate sobre el marco jurídico que se aplicará en un eventual posconflicto, denominado como “justicia transicional”.
Sobre la cuestión se han pronunciado en varias ocasiones los negociadores de las FARC en el proceso de paz que mantienen desde noviembre de 2012 con el Gobierno colombiano en La Habana, desde donde han dicho que no pagarán un día de cárcel.
Las opciones planteadas en este sentido pasan de aplicar penas alternativas a prisión hasta determinar un tiempo máximo de reclusión, como ocurrió con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se desmovilizaron en 2006 y que, si se comprometían a contar la verdad y reparar a las víctimas, obtenían una pena máxima de ocho años.
Albaladejo recordó hoy que la justicia transicional se compone de cuatro elementos: la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y subrayó que hablar solo de prisión para guerrilleros reduce todo ese conglomerado a un solo apartado.
Asimismo, subrayó que aunque Colombia puede extraer “lecciones aprendidas” de otros procesos de paz internacionales, no existe un modelo de justicia transicional “unificado” que pueda adoptar, sino que deberá “construir su modelo” en función de sus necesidades.
En este sentido, el país suramericano reformó en 2012 su Constitución para incluir el denominado Marco Jurídico para la Paz, que establece las normas para regular los procesos de desmovilización de guerrilleros y su eventual aplicación si se firma la paz con las FARC.
La experta del PNUD ahuyentó otros aspectos polémicos, como una hipotética intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) en el proceso de transición a la paz de Colombia.
“La Corte solo entra a investigar cuando el Estado no tenga la capacidad o la voluntad de hacerlo, y tras diez años de análisis sobre Colombia la Corte ha determinado hasta ahora que existen elementos que permiten concluir que aquí se tiene la capacidad y la voluntad para investigar estos hechos”, declaró. EFE
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