La Defensoría del Pueblo registró 172 líderes sociales asesinados durante 2018

La Defensoría del Pueblo aseguró que en 2018 fueron asesinados 172 líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 158 eran hombres y 14 mujeres.

«Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado. Mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades, y esto viene sucediendo desde marzo de 2017», afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Negret.

Según los datos de la entidad, los departamentos con más asesinatos fueron: Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Caquetá.

Por otra parte, la Defensoría señaló que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre pasado fueron asesinados 431 líderes sociales, la mayoría de ellos vinculados a juntas de acción comunal, indígenas, comunitarias, campesinas y afrodescendientes.

«Una alerta desatendida, es una muerte no evitada; una muerte no evitada, una violación directa al deber de proteger los derechos humanos. Eso es lo que ha sucedido», añadió Negret.

En ese sentido, detalló que la entidad convocará para el próximo 21 de febrero una «audiencia defensorial» con la que buscará actualizar las situaciones de riesgo a las que se enfrentan los activistas y se revisará además la respuesta de las autoridades competentes frente a esta situación.

Por otra parte, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que, según un informe de la ONU, son 231 casos reportados «de afectación de la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos» entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre pasado.

El procurador colombiano, Fernando Carrillo, calificó esta semana como inadmisible lo que sucede con los líderes sociales y defensores de tierras.

Por esto convoco al Gobierno y a los organismos de protección e investigación a adoptar medidas que prevengan nuevos hechos que enluten al país y que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales de los atentados contra la defensa de los derechos humanos y colectivos.

Redacción EFE