La banca concede ya créditos con aval ICO y promete no exigir otros productos

La banca ya está concediendo los créditos avalados por el Estado a través del ICO a autónomos, pymes y empresas afectados por la crisis del coronavirus y necesitados de liquidez, y se ha comprometido a no vincularlos a otros productos, como seguros de vida, que encarecerían la financiación.

Desde este lunes se encuentra operativo el primer tramo de la línea de avales públicos, unos 20.000 millones de euros del total de 100.000 millones destinados a cubrir, con carácter retroactivo, los créditos concedidos desde el pasado 18 de marzo, y cuya comercialización vigilará de cerca el Banco de España.

En concreto, el ICO garantizará los nuevos préstamos y renovaciones concedidos por las entidades a empresas y autónomos para atender, entre otros, pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

Por el contrario, quedan excluidas las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, así como la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.

A fin de garantizar su “adecuada” distribución, esta línea de avales se repartirá entre las entidades de forma proporcional a la cuota de mercado que presentaran cada una de ellas a finales de 2019.

Éstas deberán mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 30 de septiembre, no podrán utilizar los avales para refinanciar anticipadamente créditos preexistentes, y deberán traducir el respaldo del Estado a los préstamos en forma de menores intereses o de un mayor plazo.

Las entidades tampoco podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación de ningún otro servicio o producto, algo que, según explicaban a Efe fuentes financieras, el Banco de España ya había hecho llegar a los respectivos consejeros delegados, con quienes se ha reunido recientemente de forma telemática para hablar del impacto de la crisis del coronavirus.

El aviso del regulador sobre la venta de los productos ligados a los créditos con avales, que trataba de evitar que esos costes se trasladaran al cliente, llegaba después de que autónomos denunciaran a través de las redes sociales algunos casos concretos.

Los testimonios aseguraban que una entidad estaba dispuesta a concederles la nueva financiación con aval del Estado para capear la crisis provocada por la pandemia, pero que exigía para ello la contratación, por ejemplo, de un seguro de vida, con un coste muy alto a pesar de que el usuario ya contara con esta cobertura.

Aunque el supuesto “tirón de orejas” no se ha confirmado, este mismo lunes las entidades asociadas a la patronal de la banca (AEB), la de las antiguas cajas (CECA) y la de las cooperativas o cajas rurales (UNACC) han mostrado su compromiso con la situación actual, y han asegurado haber dado “instrucciones” a su red de oficinas para garantizar una aplicación “rigurosa” del acuerdo, que incluye la línea de liquidez del ICO.

Precisamente, el presidente del Instituto, José Carlos García de Quevedo, ha advertido en unas declaraciones tras la firma del acuerdo de colaboración con las entidades de que las condiciones que establece el contrato están “muy claras”, y una de ellas es que “la entidad no podrá exigir al autónomo o a la empresa que contrate ningún otro producto o servicio adicional”.

En este sentido, ha recordado que “los bancos deben trasladar a autónomos y empresas la ventaja de tener el aval del Estado” o bien mediante la mejora del tipo de interés, ofreciendo un mayor plazo de amortización o estableciendo algún periodo de carencia del principal.

Con el objetivo de comprobar que se está cumpliendo con la normativa y la buena práctica bancaria, el Banco de España ha comunicado que vigilará la comercialización de estos créditos, y ha requerido a las entidades para que establezcan los sistemas de control necesarios.

Tal como anunciaba el Ministerio de Asuntos Económicos en la víspera, una vez se haya utilizado este primer tramo de la línea de avales, el Gobierno habilitará uno nuevo, cuyas características se determinarán en su momento, para garantizar que la liquidez sigue fluyendo de forma adecuada hacia el tejido productivo.

EFE