Foto de archivo.
Un entramado financiero que habría permitido lavar más de 153.000 millones de pesos quedó al descubierto tras una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, que llevó a la judicialización de cinco personas señaladas de operar un sistema de venta de facturas ficticias desde Bogotá mediante nueve empresas creadas únicamente para ese propósito.
De acuerdo con el ente acusador, los implicados habrían utilizado los nombres y los registros comerciales de estas compañías para simular operaciones económicas que nunca ocurrieron.
Aunque las empresas estaban formalmente constituidas e inscritas ante la Cámara de Comercio, no tenían actividad real; su única función habría sido la generación de facturas electrónicas destinadas a beneficiar a otras compañías, que luego usaban dichos documentos como soporte en declaraciones de renta e IVA para reducir ilegalmente sus obligaciones tributarias.
La Fiscalía explicó que este modelo permitió movimentar y dar apariencia de legalidad a recursos que superarían los 153.785 millones de pesos. Los fondos recibidos, que presuntamente provenían de actividades ilícitas, fueron canalizados a través de productos bancarios, transacciones electrónicas y pagos con cheques.
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Parte del dinero habría terminado invertido en bienes adquiridos en efectivo, lo que, según la investigación, generó un incremento patrimonial injustificado cercano a los 1.819 millones de pesos.
Los señalados de liderar este mecanismo son Sandra Acero, Johanna Silva, Yeison Loaiza y Óscar Silva, quienes habrían fungido como representantes legales de las nueve empresas involucradas y operadores directos del modelo de captación de clientes. A ellos se suma Elvis Quintero, acusado de ser la persona encargada de emitir los documentos contables que soportaban las maniobras fraudulentas.
Durante las audiencias, la Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares. De acuerdo con los elementos materiales probatorios presentados por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, existen indicios suficientes para señalar que los cinco investigados habrían actuado de manera coordinada para sostener y beneficiar el esquema durante un periodo prolongado.
El proceso continúa bajo supervisión judicial, mientras las autoridades avanzan en la identificación de las empresas que adquirieron las facturas y que se habrían beneficiado de esta estructura criminal.
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