El juicio contra 133 controladores aéreos que abandonaron su trabajo en 2010 por discrepancias laborales, lo que obligó a cerrar el espacio aéreo español, cancelar 1.352 vuelos y militarizar los aeropuertos, comenzó este miércoles en Madrid.
En el juicio participan también en calidad de afectados pasajeros que perdieron sus vuelos, así como reservas de hotel y otros gastos de cancelación.
Un total de 119 de esos controladores cerraron un acuerdo con la fiscalía cuyo contenido se divulgará formalmente durante el juicio, aunque ya se ha avanzado que incluiría condenas de 31.500 euros y cinco meses de inhabilitación para seis representantes y de 15.000 euros para el resto.
Los otros 14 controladores, entre ellos varios dirigentes del sindicato de esa profesión (USCA), afrontan sanciones económicas de entre 60.000 y 75.000 euros por abandono del servicio.
Tras varios meses de tensiones laborales con el Gobierno español, que gestiona los aeropuertos del país, muchos controladores aéreos de servicio abandonaron su puesto de trabajo entre el 3 y el 4 de diciembre de 2010, alegando una disminución de capacidades psicofísicas.
Esa situación forzó a cerrar el espacio aéreo español durante 20 horas. El Gobierno decretó el estado de alarma, por primera vez desde la instauración de la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, y se militarizaron los aeropuertos.
El caso obligó a cancelar 1.352 vuelos entre el 3 y el 4 de diciembre de ese año, lo que afectó a más de 500.000 pasajeros.
La Fiscalía considera que las acciones de los controladores se hicieron de manera “consciente”, fueron coordinadas “al margen de cualquier convocatoria formal de huelga” por USCA, que por entonces intervenía en las negociaciones con la autoridad española de aeropuertos (AENA) para un nuevo contrato colectivo.
El proceso durará un mes, y antes de comenzar esta primera jornada el portavoz de USCA, Daniel Zamit, aseguró que se enfrentan a “un juicio político”.
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