El Gobierno colombiano valora la representación de las víctimas en el acuerdo de paz

Bogotá, 31 ene (EFE).- El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, valoró este lunes la representación que han tenido las víctimas del conflicto armado en la implementación del acuerdo de paz colombiano, que firmaron el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016.

«Tenemos la convicción de que las víctimas tienen esa representación, Colombia en eso es un ejemplo para el mundo», dijo Archila en la presentación del libro «Paz con Legalidad: un camino de hechos hacia la paz», que escribió junto al presidente Iván Duque.

El consejero recordó que en campaña Duque propuso ir al Catatumbo, una convulsa región en la frontera con Venezuela, y sus asesores le recomendaron no hacerlo, a lo que el mandatario respondió que si quería «ser el presidente de Colombia, no podría existir para él un territorio vedado».

«Ya en (el municipio de) Tibú, de hecho, desatendió las sugerencias y caminó las calles. Prometió que, si llegaba a la primera magistratura, volvería y así fue», reveló Archila en referencia al compromiso de Duque de visitar los territorios más afectados por la violencia.

En el libro, publicado por Intermedio Editores, el consejero y el mandatario también cuentan los logros de la política de «Paz con legalidad» del Gobierno para implementar el acuerdo de paz que firmó el ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC.

«La ‘Paz con Legalidad’ es realidad y tiene presente y futuro. Todos los colombianos queremos la construcción de la paz, de la ‘Paz con Legalidad’, porque la legalidad es el ordenamiento constitucional de nuestra nación», dijo Duque.

Agregó que «la legalidad es hacer cumplir nuestra carta, nuestro faro constitucional y, también, la aplicación de la ley en el territorio».

Una de las principales banderas del plan gubernamental de «Paz con legalidad» son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en temas como desarrollo rural, atención a mujeres y etnias y sustitución de cultivos que están dirigidos a los 170 municipios colombianos más afectados por la violencia.