El Ministerio de Hacienda ha anunciado que el incremento del precio del diésel, que asciende a $6.000, será implementado en tres ajustes semestrales a partir de finales de 2024, con el objetivo de minimizar el impacto en los fletes de los transportadores.
La medida, confirmada por el ministro Ricardo Bonilla González, se tomará unilateralmente tras la falta de acuerdo con los gremios del transporte, quienes se oponen al ajuste del precio del Acpm, congelado desde 2020.
El primer aumento de aproximadamente $2.000 se aplicará a finales de este año, seguido de dos ajustes adicionales en 2025, uno a mitad de año y el último al finalizar el año. Bonilla González explicó que, a diferencia del ajuste de la gasolina, que se realizó mediante incrementos mensuales, el ajuste del diésel se llevará a cabo en tres etapas para reducir el impacto en los costos de transporte.
La decisión responde a la necesidad de cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), el cual ha acumulado una deuda significativa con Ecopetrol debido al congelamiento prolongado del precio del diésel. Según el ministro, el déficit del FEPC alcanzó los $100,3 billones en 2023, con un 73% acumulado en los últimos dos años.
Bonilla González justificó el incremento señalando que el precio del diésel se mantiene por debajo del costo de producción y del mercado internacional. Desde el inicio de la pandemia, el precio del diésel ha permanecido en $9.600, cuando debería estar alrededor de $11.600 si se hubiera ajustado según el transporte de carga.
El ministro también destacó que, a pesar de las protestas de los transportadores, la medida es necesaria para evitar un mayor déficit fiscal y para contribuir a una posible reducción de la inflación, que se espera baje del 6,86% actual al 5,5% para finales de 2024. Este ajuste también podría permitir al Banco de la República reducir la tasa de referencia del 10,75% al 8,5% hacia finales del año.
El Gobierno continuará buscando soluciones y negociaciones con los gremios de transportadores para mitigar los efectos del ajuste, mientras trabaja en la implementación de las medidas necesarias para equilibrar el déficit del FEPC y asegurar la estabilidad económica del país.
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