El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior puso en marcha el trabajo del Comité de Coordinación de medidas de protección y recomendaciones electorales, para garantizar la seguridad de los comicios del próximo 29 de octubre.
De acuerdo con Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, se han estructurado una serie de medidas que permitan el libre proselitismo de candidatos y candidatas en todo el territorio nacional, tras advertir que no hay cómo brindarles protección a los cerca de 130 mil candidatos a las diferentes corporaciones de elección popular.
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Para garantizar un uso efectivo y eficaz de los recursos de protección, el Comité ha definido priorizar los municipios y departamentos en donde se presentan los mayores índices de riesgo, como Arauca, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Putumayo, Chocó y algunas zonas de la Costa Atlántica.
Las solicitudes empezarán a estudiarse desde la próxima semana, cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil entregue las listas oficiales de candidatos, de tal manera que quienes presenten los mayores riesgos de seguridad sean los primeros en recibir medidas de protección.
Desde la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior se señala que, a pesar de los limitados recursos para brindarle seguridad plena a quienes aspiran a algún cargo de elección popular, el Gobierno determinó incrementar en cerca del 96 por ciento del presupuesto de la UNP, así como el incremento en 156 por ciento del personal disponible para ejercer labores de escoltas, en las zonas donde operan los grupos armados ilegales que afectan el normal desarrollo de las campañas electorales.
En el Comité de protección para las elecciones tienen asiento el Ministerio del Interior, la UNP, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación, las Fuerzas Militares y la Misión de Observación Electoral y la Registraduría.
Desde la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior conminaron a los secretarios de los partidos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos y demás organizaciones políticas que concurren a las elecciones, que sean los primeros en identificar a los candidatos y niveles de riesgo, para facilitar la adopción de mecanismo de seguridad y protección de las campañas.
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