Ante las recientes inquietudes ciudadanas sobre una posible restricción total del uso de plataformas digitales para niños y adolescentes, el Gobierno Nacional ha aclarado el panorama: no se van a prohibir los celulares ni el acceso a las redes sociales. El nuevo proyecto de decreto no tiene la competencia legal para imponer este tipo de bloqueos absolutos.
En su lugar, la iniciativa gubernamental busca establecer una hoja de ruta enfocada en la regulación, el monitoreo preventivo y la corresponsabilidad compartida entre el Estado, las gigantes tecnológicas y las familias colombianas.
A continuación, los puntos clave para entender cómo funcionará esta nueva normativa:
1. Obligaciones para las plataformas digitales
Empresas tecnológicas de gran alcance, como Meta (Facebook, Instagram) y TikTok, tendrán que asumir nuevas responsabilidades. El decreto les exigirá la entrega de informes anuales detallados sobre el uso, comportamiento y consumo que hacen los menores de edad dentro de sus plataformas.
2. Creación de un ente de control y análisis
El eje central de esta regulación es la puesta en marcha del Comité Nacional de Tecnología, Niñez y Adolescencia, un organismo creado bajo los lineamientos de la Ley 2489 de 2025. Esta instancia será la encargada de articular a las diferentes entidades del Estado y analizar rigurosamente la información suministrada por las redes sociales para tomar decisiones de política pública.
3. Los riesgos que encendieron las alarmas
El contexto que motiva esta intervención es preocupante. Según cifras del Ministerio TIC, el 70% de los jóvenes en el país accede a contenidos por internet, consolidando a YouTube y TikTok como sus espacios de mayor consumo. Este acceso masivo y sin filtros los expone a graves peligros, tales como:
Grooming (acoso y engaño por parte de adultos).
Ciberacoso o ciberbullying.
Exposición temprana a contenidos inapropiados.
Afectaciones en el desarrollo cognitivo, emocional y social.
4. Un cambio cultural más allá de la ley
El decreto reconoce que el desafío no es únicamente normativo, sino profundamente cultural. Dado que muchos menores tienen las habilidades para evadir las herramientas de control parental, la norma apuesta por un enfoque educativo integral que contempla:
Programas de sensibilización en las instituciones educativas.
Capacitación constante a docentes para identificar y manejar riesgos digitales.
Promoción activa de hábitos saludables y supervisión al interior de los hogares.
En conclusión, la medida busca que la protección de la niñez en el entorno digital deje de ser una tarea aislada y se convierta en un esfuerzo coordinado para mitigar los riesgos de la era hiperconectada.
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