Foto cortesía Policía Nacional.
Antonio Alberto recibió su condena tras asesinar a su protegido, cuando se encontraba en sus labores como escolta, hecho ocurrido el pasado 17 de noviembre de 2024 en el municipio de Bello.
El crimen se dio en el interior del vehículo en el que se movilizaban. Tras el hecho, las autoridades desplegaron un operativo en donde lograron la captura del victimario portando el arma homicida.
Tras su aprehensión, Antonio fue judicializado por el delito de homicidio agravado.
En un giro procesal, el escolta llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, lo que derivó en una sentencia de 16 años y 8 meses de prisión impuesta por un juez. Sin embargo, la defensa del condenado apeló la decisión, buscando una pena privativa de la libertad en un centro carcelario, lo que sugiere inconformidad con los términos del acuerdo.
El prontuario judicial del caso revela que, además de la pena de cárcel, el preacuerdo entre las partes incluyó una indemnización integral a las víctimas indirectas del crimen, evitando así la necesidad de un incidente de reparación posterior.
Este lamentable suceso pone de manifiesto la fragilidad de la confianza y los riesgos inherentes a la labor de escolta, donde la persona encargada de la seguridad se convierte en el perpetrador del acto más extremo de violencia.
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