Fiscalía judicializa a dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa y a un coronel por irregularidades en contrato de helicópteros MI-17

La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres personas por su presunta participación en irregularidades detectadas en un contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, cuyo valor ascendía a aproximadamente 32 millones de dólares.

Los procesados son Hugo Mora, exsecretario general del Ministerio de Defensa; Diego Manrique, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del mismo ministerio; y el coronel Julián Rincón, adscrito a la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional.

Según la investigación, dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el coronel Rincón habría refrendado de manera irregular prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado sin respaldo la experiencia de la compañía Vertol Systems Company, que había sido descartada por el comité evaluador. También es señalado de modificar los estudios financieros y avalar condiciones que impidieron verificar la verdadera capacidad económica del contratista.

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Por su parte, Manrique habría intervenido en la elaboración y evaluación del estudio económico previo, cambiando requisitos financieros clave que permitieron aprobar una propuesta sin establecer indicadores como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional, exigidos por la normativa vigente.

Mientras tanto, Mora, a pesar de conocer las irregularidades y la falta de cumplimiento de requisitos legales, habría suscrito el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de 2024 y autorizado un anticipo del 50% del valor total, equivalente a más de 16 millones de dólares, desembolsados el 15 de abril de 2025 a una cuenta del contratista en Estados Unidos, aun cuando el contrato no podía ejecutarse por incumplimientos del proveedor.

De los 32 millones de dólares del contrato, solo se ejecutaron actividades por cerca de 2,6 millones, y hasta la fecha no se ha recuperado el saldo restante, superior a 13 millones de dólares.

La Fiscalía les imputó a los tres investigados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública, fraude procesal y peculado por apropiación, cargos que no fueron aceptados.