La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Además, solicitará al Tribunal Superior de Bogotá la imposición de una medida de aseguramiento.
González será procesado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Esta nueva actuación judicial corresponde a la segunda fase del caso que la Fiscalía adelanta desde 2024, y que ya ha permitido la recolección de pruebas relevantes sobre el desvío de recursos desde la entidad.
Las autoridades han centrado parte de la investigación en la ubicación del celular de González durante momentos clave, como la reunión del 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño. Según declaraciones de Olmedo López y Sandra Ortiz, en ese encuentro se habría definido la adjudicación de millonarios contratos con fines políticos. La Fiscalía también analiza comunicaciones entre González y López, donde se mencionan supuestas instrucciones para beneficiar al expresidente del Senado, Iván Name.
En el marco de la investigación, se señala que González habría ordenado direccionar contratos por \$60.000 millones a favor de Iván Name y más de \$10.000 millones al representante Andrés Calle. Ante la presión de los beneficiarios, presuntamente se acordó la entrega de \$3.000 millones en efectivo a Name y \$1.000 millones a Calle.
La Fiscalía también ha rastreado movimientos financieros, bancarios y patrimoniales del exfuncionario. Se han revisado reportes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y registros notariales para identificar adquisiciones sospechosas de bienes. Parte de esta evidencia ya fue avalada por el Tribunal Superior de Bogotá, aunque la defensa de González apeló la decisión argumentando inconsistencias en la documentación recolectada.
Finalmente, ante la posibilidad de que González haya salido del país y esté gestionando asilo político en España, la Fiscalía solicitó una medida de arraigo. En las diligencias, el exdirector del Dapre ha sido señalado como una figura clave en el direccionamiento de contratos y en la estrategia del Gobierno para asegurar respaldo legislativo.
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