Foto: Tomada de Twitter
Minuto30.com .- El escándalo de corrupción que dejó sin internet a miles de niños en las zonas rurales de Colombia ha tenido hoy un avance judicial sin precedentes. La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre un total de 23 bienes vinculados a los implicados en las irregularidades del contrato entre el MinTIC y la Unión Temporal ‘Centros Poblados’.
Las propiedades afectadas tienen un valor comercial que supera los 65.900 millones de pesos. Este operativo busca recuperar parte del anticipo millonario que fue desviado y que originalmente estaba destinado a instalar 7.277 centros digitales en las escuelas más apartadas del país.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los activos afectados pertenecerían a los cerebros detrás de la operación ilícita: Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres y Luis Fernando Duque Torres, así como a algunos de sus familiares cercanos.
Las autoridades detectaron que estos bienes, ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, habrían sido adquiridos con los recursos provenientes del anticipo entregado de manera irregular. La lista de propiedades incluye:
Predios urbanos y rurales.
Establecimientos de comercio.
Parqueaderos.
Activos societarios.
Una de las noticias más destacadas de este operativo es la aplicación de una medida cautelar sobre un inmueble de la exministra de las TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
Esta decisión, que responde a los procesos de responsabilidad fiscal emitidos por la Contraloría General de la República, busca blindar los activos que puedan servir para resarcir el daño patrimonial causado al Estado. La Fiscalía aclaró que estas medidas son de carácter jurídico y tienen como fundamento la imposibilidad de ubicar, hasta el momento, la totalidad de los recursos en efectivo que fueron desviados.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio evidenció una compleja red de ingeniería financiera. Según el ente acusador, los implicados utilizaron las sociedades que integraron la Unión Temporal ‘Centros Poblados’ como instrumentos para cometer las irregularidades, mezclando bienes de origen lícito con los recursos ilícitos del contrato.
Esta combinación de capitales permitió a los implicados ocultar el rastro del dinero público durante meses, hasta que las pruebas materiales recaudadas permitieron establecer la causal de equivalencia para proceder con la ocupación de los bienes.
Este proceso no solo representa un avance técnico-jurídico, sino una respuesta al clamor nacional por justicia en uno de los casos de corrupción más dolorosos de los últimos años. El proyecto original pretendía conectar a 16 departamentos del país, una promesa de educación y progreso que se vio truncada por la ambición de unos pocos.
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