El hoy procesado, quien ostentó el cargo de mandatario local entre los años 2000 y 2001, fue detenido por la Policía Nacional y, según las investigaciones, habría celebrado varios contratos de infraestructura con irregularidades. Uno de ellos hace referencia a la construcción de letrinas en los corregimientos Retiro Nuevo y Matuya, por los cuales pagó $17’690.000, es decir la totalidad de la obra, sin embargo esta quedó inconclusa.
Al parecer se apropiaron también de $12 millones de un contrato $18 millones, lo que afectó el suministro de agua en María la Baja.
Por otra parte, se hallaron inconsistencias en otras obras de rectificación del cauce de arroyos, pues no fueron construidos pero sí se facturaron al municipio por $19 millones.
Los hallazgos los hizo la Fiscalía luego de una denuncia interpuesta por la Contraloría Departamental.
Este proceso es llevado por el ente acusador por Ley 600, ya que los hechos investigados sucedieron antes de 2006.
Con información de la Fiscalía General de la Nación
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