Un estudio sobre paramilitarismo en Tarazá y el bajo Cauca antioqueño, da cuenta de una dinámica que pese a haber vivido un proceso de “desmovilización” aún sigue vigente.
Según el investigador, esta problemática se debe, en parte, a que se trata de una zona sumamente estratégica, toda vez que es un punto de paso entre Córdoba y Antioquia, y que conecta con el Magdalena Medio y las sabanas de Bolívar. En otras palabras, es clave para las expresiones de poder de los actores armados, la consolidación del Estado y la explotación minera.
“El conflicto continúa con una intensidad bastante alta. El tema de la minería está otra vez exacerbado, y va más allá de la minería ilegal, pues el Estado ha permitido las grandes explotaciones de las multinacionales, los cuales siguen generando descomposición social y vulneraciones muy graves al medioambiente”, asegura.
De este modo, según él, los intereses económicos y políticos sobre el territorio van a permitir que la confrontación continúe, que los ciclos de violencia permanezcan y que la situación sea bastante compleja en la zona, aunque ya no se le llame paramilitarismo.
Problemas latentes (la minería)
Alec Sierra comenta que una parte del trabajo hace referencia a la evolución del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operaba en esta zona, que pasó del control de la economía del narcotráfico a una economía de regulación de la minería.
Pero aclara que estas acciones de las organizaciones armadas ilegales tienen muchos matices y se dan en muchas partes del país: desde regular la pequeña minería y permitir la minería de mediano impacto, hasta articularse y crear alianzas con el desarrollo de la explotación de grandes multinacionales como la Drummond en el Cesar, Anglo Gold Ashanti en el bajo Cauca y el Chocó, y la Gran Colombia Gold, en Segovia y el nordeste antioqueño.
“Son empresas que terminan beneficiándose, de alguna manera, del accionar de los grupos armados, principalmente paramilitares, pues estos cobran vacunas, son poseedores de tierras despojadas donde se desarrolla la explotación o conforman empresas que se vinculan a la gran economía multinacional. Es un tema que aparecía ahí descrito y tras el proceso de desmovilización, comenzaba a ser muy evidente”, afirma.
En efecto, dice Sierra, el incremento de la economía del oro y el hecho de que coincida con una serie de políticas estatales que incentivan la explotación minera, genera más intereses de los grupos armados por apropiarse y participar en esas economías tan vigorosas en la acumulación, pero tan opresoras y violentas contra las comunidades y el territorio.
Entender el conflicto
Sin embargo, reconoce que para entender el conflicto armado colombiano de los últimos 40 años, el paramilitarismo es un punto clave, dado que, por una parte, ha transformado espacios locales y territorios; y, por otra, tras el proceso de desmovilización que, aparentemente, es punto de quiebre en la dinámica de estos grupos en la zona, las confrontaciones y el conflicto se mantienen.
Tan vivo esta el fenómeno que, según Sierra, las acciones continúan: vulneración a los derechos de las comunidades, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado y amenazas contra líderes, entre otras. “Una serie de vulneraciones que tienen mucha relación con el paramilitarismo que supuestamente se había desmovilizado”, comenta.
El fin último de la investigación abogaba por la realización de trabajos regionales para comprender la dinámica espacial del poder de los grupos armados, los intereses que hay sobre el territorio, las afectaciones concretas sobre algunos procesos sociales y la manera en que, de a poco, ellos van construyendo espacios sociales a través de la regulación y la coerción armada sobre espacios sociales, políticos y económicos.
El investigador destaca, finalmente, que el trabajo llama la atención sobre un proceso que está vigente y unas amenazas que permanecen, así como sobre los riesgos que siguen teniendo las comunidades y los procesos organizativos locales en muchas zonas del país, en donde convergen intereses de la economía, ya sea la minería, narcotráfico, agroindustria, la propiedad y tenencia de la tierra, con los intereses de organizaciones armadas y élites políticas locales.
“Muchas de estas economías terminan siendo reguladas por actores armados que no tienen intereses puramente económicos criminales, sino también de tipo político y estratégico territorial. El trabajo buscó mostrar cómo el proceso del paramilitarismo está vigente y hacer un llamado a las diferentes disciplinas del área de las ciencias sociales y humanas, con el fin de intentar develar todo lo que hay detrás de los procesos violentos del conflicto en el país”, puntualiza.
Con información de unal.edu.co
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