Foto: Cortesía
Esta semana inicia una caravana humanitaria en varios municipios del Chocó, para escucharán comunidades y acordar cuales serán ‘alivios humanitarios’ con los que les beneficiarán.
Como se recordará, los llamados alivios humanitarios hacen parte de los primeros acuerdos de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN y básicamente son unas normas prácticas y concretas de alivio a la población que está afectada, con confinamientos y dinámicas de violencia armada que han generado el desplazamiento forzoso.
El acuerdo prevé una intervención institucional, en la que jugará un rol todo el Estado colombiano. Habrá mecanismos con base en el Derecho Internacional Humanitario, que van a posibilitar que los retornos de las comunidades puedan ser durables, estables y eviten desplazamientos y confinamientos.
Durante la caravana humanitaria serán las mismas comunidades de Medio y Bajo San Juan, en Nóvita, Sipí, Istmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan y la zona de Calima en Buenaventura, los primeros en tener la oportunidad de plantear sus posiciones frente a los alivios humanitarios prioritarios.
El la lista de peticiones de las comunidades, el cese al fuego multilateral que involucre a la totalidad de los actores armados presentes en el territorio esos territorios como las AGC, ELN, la Segunda Marquetalia y la Fuerza Pública (Armada Nacional, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional), es la principal.
Así mismo las comunidades han establecido que los alivios humanitarios deben centrarse en “necesidades reales sentidas por la población afectada y debe ser integral, digna y que permita la reconstrucción de los tejidos de vida comunitarios”, señalaron desde el Consejo Comunitario General del San Juan.
Entre otras también se está planteando que los actores armados involucrados no siembren más minas antipersonales, que se capacitación en DIH, Derechos Humanos y derechos de las comunidades étnicas, dirigidas a los actores armados legales e ilegales.
También que se ponga fin a los paros armados, que se respete plenamente la autonomía de los procesos organizativos y se brinden plenas garantías para el desarrollo de los procesos organizativos.
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