En siete departamentos las corporaciones autónomas no ejercen control de minería ilegal: Contraloría

Minuto30.com-. La Contraloría General de la República anunció que encontró múltiples deficiencias en la gestión que ejercen la Corporaciones Autónomas Regionales “para prevenir y controlar la minería ilegal en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca“.

De acuerdo con el organismo de control, en las recientes auditorías se establecieron para el 2016 un total de 26 hallazgos administrativos, de los cuales 18 tienen posible alcance disciplinario; y dos hallazgos con alcance fiscal por valor de $330.000.000 para la Corporación Autónoma Regional del Cauca, “por asumir la recuperación de impactos ambientales generados por terceros en predios particulares”.

Para este año, explicó la Contraloría, “se encontraron 36 hallazgos administrativos, 30 con presunto alcance disciplinario y uno con presunto alcance penal. En todos los casos se realizaron los trasladados a la Procuraduría General y Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia”.

El organismo de control encontró que “no hay coordinación interinstitucional entre las entidades involucradas en el proceso de prevención control y erradicación de la minería ilegal: las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca, no se articulan con las alcaldías municipales, ni con la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, para ejecutar acciones oportunas que garanticen la protección del ambiente.

Agregó que pese a que las Corporaciones Autónomas Regionales “evidencian la afectación a los recursos naturales (agua, suelo, aire), no se toman las medidas sancionatorias contra los presuntos responsables ni mucho menos las medidas compensatorias frente a los impactos y daños ambientales causados”.

Finalmente, indicó la Contraloría que al evaluar los expedientes sancionatorios que cursan en las corporaciones “se evidenció que no se da cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009 en cuanto a la imposición de medidas preventivas, legalización, seguimiento, imposición de sanciones y compensaciones; hecho que permite que la actividad minera ilícita se incremente, así como los daños y pasivos ambientales que conlleva”.