Supuesta empresaria, al parecer, intimida a empleados para que no voten por Petro

En época electoral han surgido diferentes opiniones acerca de los candidatos presidenciales y unos no han escondido sus preferencias. En los últimos días una supuesta empresaria se ha pronunciado en contra de Gustavo Petro y ha afirmado que no aceptará en su empresa a simpatizantes con él.

Se trata de Renata Sokolov Andrade, quien es su perfil de Twitter se describe como hija de padre ruso y madre colombiana, “politóloga. No zurda. Dios y Patria” y que además indica que es la tercera cuenta que le cierran en la red social.

El trino que puso la atención sobre la cuenta de la supuesta empresaria fue el publicado el 31 de marzo de 2022, donde narra que en su empresa tiene 52 empleados, a los que les dijo que si “quieren votar por Petro, este no es su lugar” y que si el candidato presidencial gana “cerramos la fábrica”.

Asimismo, la empresaria cuenta que despidió a un joven que apoyó a Petro y al Paro en 2021, por lo que pagó su indemnización por despido injustificado.

Tras la publicación de la supuesta empresaria, que ya suma más de 8.000 likes, casi 2.500 retuits y 627 citados, se generaron diferentes reacciones, unos la apoyan y otros le dicen que está confesando un delito.

La última parte es cierta y este comportamiento podría corresponder a constreñimiento al sufragante (art. 387 del C.P.) en el que se habla de que es un delito utilizar armas, cualquier tipo de amenaza o maniobras engañosas para que una persona apoye o vote a determinado candidato o lista de candidatos, o vote en blanco.

En el mismo sentido, la supuesta empresaria Sokolov (a la cual aún no se le vincula con una empresa en específico, ni se tiene certeza de si es una cuenta de una persona real, pero es seguida en Twitter por María Fernanda Cabal y Alicia Franco) ha indicado que si Federico Gutiérrez gana las elecciones presidenciales, sus empleados “tendrán libre desde el medio día del viernes, cada semana, para estar con sus familias”.

Quienes incurren en este delito se pueden enfrentar a una condena de entre 4 a 8 años en prisión y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Además, entraría la Ley de Garantías en caso de que la supuesta empresaria tenga una alianza establecida con funcionarios públicos, lo cual aún no se comprueba. Recordemos que en el 2021 la Corte Constitucional ordenó, a través de la sentencia C-1153 de 2005, que se reintegrara a un hombre a su cargo por haber sido despedido por su ideología política.

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