El derecho a votar es esencia y cimiento de la democracia, y su ejercicio universal, permite a los ciudadanos elegir de manera libre y secreta a sus representantes, al punto que, no se puede hablar de democracia, cuando no existe el derecho al sufragio o este se restringe.
El voto es a la democracia, lo que la libertad es a la vida; vital, capital, inalienable e irreductible, y, si bien la democracia no es perfecta, sí es perfectible y hacerla perfecta, es decisión de una nación cuando acoge la educación como eje de su avance y desarrollo. De ahí la importancia superlativa de promover educación y cultura democrática, así como aprecio por el voto en las nuevas generaciones.
Con no poca razón y mediante agudo y provocador sarcasmo Winston Churchill sentenció: “La democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes”.
Y fue en la añosa Atenas, donde nació y se edificó la democracia, y su punto de partida fue la creación de la asamblea de ciudadanos, foro en el que se discutían y adoptaban las directrices que debía seguir el refinado pueblo ateniense en cuanto a su organización, sostenibilidad fiscal y mantenimiento del orden público, así como para elegir a los ciudadanos que los representarían y tendrían a su cargo tan honrosas y graves responsabilidades.
Pero en la adelantada Grecia la participación de los ciudadanos no era universal, estaba restringida a quienes no fueran varones adultos, al igual que para las mujeres, los esclavos y los extranjeros.
A su vez, en Roma, el derecho al sufragio estaba reservado a los patricios y comunes mayores, quienes solo podían ejercerlo para elegir magistrados para el Senado, pero siempre y cuando pertenecieran a esferas educadas y cultas, al punto que no bastaba la riqueza del elector, era necesaria su buena educación. A las mujeres, los esclavos, los libertos y los parías, no se les permitía votar.
Para desgracia de la humanidad, con la caída del Imperio Romano, la dominación de los bárbaros y la posterior formación de las monarquías absolutas, el voto se extinguió o al menos se debilitó, por no ser compatible con la retardataria mentalidad bárbara o con la designación y entronización supuestamente divina de los monarcas.
Por fortuna, a partir del Siglo XVII, con la llegada del iluminismo y del triunfo del Racionalismo, se revaluó la legitimidad de la autocracia, así como el carácter divino de la realeza, dando paso a la noción de soberanía, y más que a ella, en quien residía.
A partir de este momento, y, gracias al esclarecido pensamiento humanista de Rousseau, Voltaire y Montesquieu, para el mundo civilizado y libre, la soberanía de una nación se vivifica en el pueblo; los ciudadanos deben ser libres e iguales, y; el derecho al voto, por ser inherente y consustancial a la libertad, es inconculcable. Estas prédicas inspiradoras, leseferianas y libertarias, le han servido de sustento y fundamento a la democracia moderna hasta nuestros días.
Pero son muchas las amenazas que acechan la libertad del sufragio, y buena parte de ellas, promovidas por fletadores de turbas, por falsos agentes de las necesidades, angustias y esperanzas populares, y por mercantes del erario, quienes, supuestamente abogan por la vigencia de la libertad y el orden, pero en realidad, solo pretenden perpetuarse en el poder, mantener sus botines burocráticos, engrosar sus arcas personales y promover la anarquía.
Los vicios del sufragio deben ser extirpados, y los jóvenes deben ser los primeros en repudiarlos e inmunizarse a ellos, de manera que no contaminen a las futuras generaciones.
Es por esto, que el Estado tiene la perentoria obligación de promover una cultura democrática que incentive, aumente y fortalezca la participación política, restituya la confianza ciudadana, garantice la pureza del sufragio y asegure la transparencia del sistema electoral.
De igual manera le corresponde al Estado, garantizar la libertad de los electores, por medio del diseño, implementación y articulación de mecanismos eficientes y oportunos de vigilancia, inspección y control de la actividad electoral, así como públicamente repudiar y severamente castigar a quienes pretendan contravenir las normas que la rigen.
En Colombia el cumplimiento de tan importante deber, le corresponde al Consejo Nacional Electoral y lo cumple por medio de los Delegados que elige en cada departamento.
HONROSA RESPONSABILIDAD.
Concluyo mi columna informando que el Consejo Nacional Electoral, máxima autoridad electoral en Colombia, me ha honrado al designarle como su Delegado en el Departamento del Valle del Cauca, durante la justa electoral del próximo domingo 8 de marzo.
Honrosa designación que para mí constituye una seria y grande responsabilidad, la que interpreto como un estímulo a mi vocación de demócrata irreductible, siempre en defensa y en favor del Estado de Derecho y de las Instituciones Republicanas, así como un reconocimiento a mi pasión y devoción por servir a la Justicia, al igual que a mi indeclinable compromiso con los más altos y nobles intereses de la nación.
Es mi decisión, hacer de mi gestión como Delegado del Consejo Nacional Electoral, un referente de la labor que se debe desarrollar para restituir y afianzar la confianza ciudadana y contribuir al buen suceso de unas elecciones civilizadas, pulcras y transparentes, así como para prevenir y neutralizar cualquier intento que pretenda menguar o coartar el libre ejercicio del sagrado derecho al sufragio o de transgredir los preceptos que lo regulan.
Por lo anterior ruego a todos mis amigos, lectores y seguidores que, a partir de ahora, se abstengan de enviarme mensajes o comentarios de carácter proselitista, político, partidista, doctrinario o ideológico, y que cualquier pregunta, petición, queja o sugerencia que quieran formular en relación con las elecciones del próximo domingo, la tramiten a través de los canales oficiales del Consejo Nacional Electoral.
Agradezco la comprensión a todos, y pido a Dios que bendiga a Colombia y a todos sus ciudadanos, de manera que la justa electoral del próximo domingo sea diáfana y ejemplar, y que la Democracia, el Estado de Derecho y la República salgan fortalecidas.
¡Colombia tiene la palabra!
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. LL.M. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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