Lo que no se le ha contado todavía a la opinión pública es que en la Procuraduría General de la Nación también los contradictores del director del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, disfrutan de generosas cuotas burocráticas que han defendido celosamente.
Esto ocurre con los tres magistrados del famoso fallo-encerrona que una Sala de Revisión de la Corte Constitucional emitió en su contra: el abogado Ernesto Vargas tiene a su esposa Alexandra Meza Chaparro cómodamente instalada en un cargo de Procuradora Judicial II, mientras la hijastra de la magistrada María Victoria Calle, abogada Carmen Helena Gómez, ejerce como Asesora 24, y el hermano del ex magistrado Humberto Sierra Porto, en parte por las gestiones de éste, ejerce como Procurador Judicial I en la ciudad de Cartagena.
El favorecedor laboral.
Que se sepa, nadie hasta ahora habló a este propósito de impedimento alguno de los integrantes de la Sala de Revisión para fallar una tutela concerniente al favorecedor laboral de sus parientes, y ninguno de ellos tuvo la delicadeza de informar o hacer notar sobre la existencia del mismo.
El flamante ministro (I).
Otro caso que viene llamando la atención de los observadores es el de la esposa del ex procurador Edgardo Maya Villazón, nombrada por el Presidente de la República como Directora de la Agencia Nacional de Defensa del Estado, cargo que abandonó Fernando Carrillo para pasar a alto puesto ministerial.
La abierta prohibición.
La abogada Adriana Guillén recibió ese nombramiento al día siguiente de la dejación del cargo de magistrada (e) de la Corte Constitucional, en abierta violación de la prohibición que el artículo 245 de la Constitución que veda al gobierno “conferir empleo a los magistrados de la Corte Constitucional durante el período de ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su retiro”.
Los rabiosos denunciantes.
Que se sepa, ninguno de los rabiosos denunciantes del procurador Ordóñez Maldonado, en razón de imaginarias inhabilidades suyas por los nombramientos hechos en la Procuraduría, ha reclamado por esta contundente transgresión de la Carta producida por el doctor Santos.
El flamante ministro (II).
Pero lo que es más grave: ninguno ha querido tomar atenta nota de un extraño cruce de favores: la opinión recuerda que el actual ministro del Interior, Fernando Carrillo, recibió de la Procuraduría General de la Nación en 1994 una sanción por las faltas que cometió como Ministro en relación con la fuga de Pablo Escobar. Esa sanción le fue revocada al ahora Ministro por el doctor Maya cuando, a su vez, llegó al ejercicio de las funciones de Procurador. Ahora el Gobierno, justamente en el momento en que el jurista Carrillo entra al gabinete, le confiere a la esposa de su favorecedor el importante cargo, pasándose por la faja la Constitución Nacional. Vaya, vaya…
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