El costo de la incoherencia presidencial, en la lucha contra las drogas en Colombia

La descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas por parte de Estados Unidos, es un tema relevante en la agenda internacional y además es una alerta roja con consecuencias jurídicas, financieras y sociales que el Gobierno parece minimizar con cortinas de humo como lo suele hacer. Este tipo de decisiones, que en el pasado se habían evitado gracias a un mínimo de coherencia política y diplomática, hoy en día se convierten en una advertencia clara de que Colombia ha perdido el rumbo y la credibilidad en uno de los temas más sensibles para su estabilidad y futuro ante el mundo.

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los cultivos de coca en Colombia alcanzaron en el año 2023 más de 230.000 hectáreas, que representa una de las cifras más altas de la historia. Estados Unidos calcula que de allí provienen cerca del 70% de la cocaína que circula en su territorio. Este contexto es el que explica por qué la descertificación va mucho más allá de un gesto diplomático, ya que implica que la cooperación, los préstamos internacionales y el acceso a recursos financieros externos quedan condicionados o, incluso, bloqueados.

En lo jurídico, esta descertificación, se traduce en posibles recortes de asistencia exterior, restricciones en materia de cooperación policial y judicial, y trabas en organismos multilaterales como lo es el Banco Mundial o el BID, donde EE.UU. tiene un peso determinante. En lo económico, golpea la confianza inversionista, encarece el endeudamiento y aumenta la percepción de riesgo país, recordemos que cada punto adicional en esa calificación puede costarle a Colombia miles de millones de dólares en intereses de deuda exterior.

Pero mientras afuera nos observan con lupa, dentro del país, la incoherencia del Ejecutivo agrava el problema. Hace apenas unos días, el “Presidente” anunció con firmeza que retomaría la aspersión aérea con glifosato como medida para reducir los cultivos ilícitos. Sin embargo, casi de inmediato ordenó suspender dicha política, como si hubiese recibido instrucciones para no incomodar a los narcotraficantes. Esa volatilidad transmite un mensaje devastador ante el mundo, que las decisiones en materia de drogas, no se toman con seriedad, rigor y menos pensando en el interés nacional, sino en conveniencias políticas o presiones externas, que deja serios cuestionamientos.

Los efectos de esta medida, ya se sienten en el ciudadano del común y en el sector privado. Ya que miles de empresarios que buscan exportar a Estados Unidos enfrentan mayores exigencias regulatorias y financieras por esta decisión. Pero además, miles de Estudiantes y profesionales que aspiran a convenios internacionales, encuentran un país señalado como incumplidor. Y comunidades rurales que dependen de programas de sustitución de cultivos quedan atrapadas en un limbo, sin una política clara y ahora sin  respaldo internacional del principal socio comercial que por años apoyó a Colombia en la lucha contra las drogas.

La descertificación no es solo una sanción política para el país, es un reflejo de lo que pasa cuando la improvisación reemplaza la estrategia y cuando los egos pueden mas que la razón. Y aquí la responsabilidad recae directamente en el Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que toma decisiones personales y contradictorias en un tema tan delicado, poniendo en riesgo no solo la cooperación exterior, sino la seguridad y la economía del país.

Finalmente, hay que dejar en claro que el Congreso de la República, ha manifestado su desacuerdo con esta peligrosa improvisación, señalando que no es posible construir una política antidrogas seria, cuando el propio Jefe de Estado, actúa de manera errática y desconectada de las necesidades reales del pueblo colombiano.

La lucha contra las drogas exige coherencia, visión de Estado y respeto por el bienestar de los ciudadanos. Lo que no puede permitirse es que el futuro de Colombia dependa de los cambios de ánimo del Presidente.

#FuerzaColombia

Por Jennifer Gallón, abogada y Defensora de Derechos Humanos.