Vista general de una torre de viviendas públicas en el norte de Melbourne, Australia, el 7 de julio de 2020. Nueve torres en Flemington y North Melbourne fueron confinadas el 5 de julio en un esfuerzo por frenar la propagación del coronavirus, con tres mil residentes que no pudieron abandonar sus apartamentos durante al menos cinco días. EFE/EPA/JAMES ROSS
El confinamiento de unos 3.000 residentes de nueve torres de viviendas públicas en la ciudad de Melbourne, ordenado a principios de julio por un rebrote de la covid-19, no fue “compatible con los derechos humanos” de estas personas, apunta un informe oficial presentado este jueves.
La oficina del Defensor del Pueblo del estado de Victoria, cuya capital es Melbourne, indicó ante el parlamento regional que las autoridades se apresuraron a ordenar el 4 de julio este confinamiento y que se impuso sin dar tiempo a los residentes para almacenar provisiones.
“El confinamiento apresurado no fue compatible con los derechos humanos de los residentes, incluyendo el derecho a un trato humano cuando se priva a una persona de su libertad”, dijo la defensora, Deborah Glass, al presentar hoy el informe.
“En base a las pruebas recogidas en las investigaciones, la acción parece indicar que es contraria a la ley”, agregó Glass al recomendar al gobierno de Victoria que se disculpe con los residentes.
Sin previo aviso, la Policía desplegó el 4 de julio un dispositivo para custodiar las inmediaciones de las torres de vivienda pública con el cometido de evitar que los habitantes abandonaran los edificios y tras detectar una veintena de casos de la covid-19 vinculados a estas torres.
Si bien la oficina del Defensor del Pueblo justifica el confinamiento temporal como medida para contener la propagación de la pandemia, la crítica radica en que se hizo de forma apresurada.
“Muchos residentes no sabían nada del cierre o de la razón del mismo cuando un gran número de policías apareció en su propiedad”, dijo Glass, al referirse a los afectados, entre los que se cuentan personas vulnerables de bajos ingresos, inmigrantes y refugiados.
Sin embargo, el ministro de Vivienda de Victoria, Richard Wynne, rechazó la recomendación diciendo que el gobierno “no se disculpará por salvar las vidas de la gente”.
El 7 de julio, días después del confinamiento de estos edificios, el gobierno de Victoria ordenó permanecer en sus hogares a los casi cinco millones de habitantes de la ciudad de Melbourne.
Esta medida, que se fue endureciendo progresivamente y concluyó en noviembre, se tomó cuando Victoria sumaba 2.800 infecciones de la covid-19 de las 8.500 que registraba entonces Australia, y 22 de los 106 fallecidos por aquellas fechas.
Sin embargo, el virus se propagó por toda la ciudad y actualmente Victoria -que lleva más de dos semanas sin detectar casos por transmisión local- acumula 20.381 contagios del total de 28.059 en todo el país, y 820 fallecidos del total de 908 víctimas mortales en la nación oceánica.
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