Duque se rajó en la ONU

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dio a conocer su informe sobre la política de seguridad del Estado colombiano y la calificación fue insuficiente.

“La respuesta del Estado ha sido insuficiente para reducir los niveles de violencia, y prevenir los abusos cometidos por grupos armados no estatales y organizaciones criminales y proteger adecuadamente a las comunidades de los territorios”, dice el informe.

Por esto, la ONU recomienda al gobierno entrante reformar la política de seguridad del Estado para enfrentar a los grupos armados y proteger a las comunidades.

Los puntos principales de la recomendación se dividieron en: Reducir hasta eliminar la presencia de grupos armados en los territorios, mediante una política estatal de desmantelamiento, estrategias de sometimiento colectivo y la consideración de los acuerdos humanitarios; priorizar la implementación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- y relanzar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-; y por último pero no menos importante, consolidar el Estado de derecho, reforzando capacidad de los gobiernos locales y recuperando la confianza en la institucionalidad.

“Lo único que pedimos es que el Gobierno llegue hasta las comunidades y que haya una estrategia eficaz para protegerlas. Esto no puede ser solo una estrategia militar contra los grupos que se mida en capturas y bajas. Los indicadores deben ser el bienestar de las comunidades y la protección de sus derechos”, mencionó en una entrevista con El Espectador, Juliette de Rivero, representante de la ONU en Colombia,

La funcionaria dijo además que la violencia en vez de disminuir aumentó: “Se observó un progresivo crecimiento de la inseguridad, la cual se expandió territorialmente, así como la falta garantías para el ejercicio y disfrute de los derechos humanos en dichas zonas”, dice el documento.

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ONU dio consejos al nuevo gobierno

Rivero habla también sobre las recomendaciones al Gobierno Petro para reformar la política de seguridad, los diálogos con los grupos armados, la relación violencia – pobreza, en los territorios y la necesidad de una implementación efectiva y descentralizada del Acuerdo de paz con las Farc.