Imagen de archivo utilizada para ilustrar la noticia.
La JEP le ordenó en las últimas horas al Gobierno de Iván Duque llevar a cabo varias acciones encaminadas a garantizar la seguridad de los reincorporados a la sociedad civil de la desmovilizada guerrilla de las Farc.
Esta orden del tribunal de paz estuvo dirigida particularmente al Alto Comisionado para la Paz, al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y a la Unidad Nacional de Protección, para que protejan la vida de los exFarc.
Estas medidas se toman luego de que la JEP evaluó en dos audiencias la grave condición de seguridad y las razones que llevaron a efectuar el traslado de las familias de excombatientes asentados en Ituango hacia el municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia.
Al Alto Comisionado para la Paz le ordenó realizar gestiones necesarias para la efectiva puesta en funcionamiento del Programa de Protección Integral para los integrantes del nuevo movimiento político Farc, según lo establece el Decreto 895 de 2017, por lo que debe convocar a la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep).
De igual forma, la JEP le dio al Alto Comisionado para la Paz un término para remitir los Lineamientos y el Plan de Acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales de que trata el artículo 1 del Decreto 154 de 2017.
«Además se ordenó al Consejero Presidencial para la Estabilización convocar a la Mesa Técnica de Seguridad para definir las medidas de protección que correspondan frente a solicitudes con análisis de riesgo, así como identificar y gestionar con celeridad lo necesario para la formulación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección», planteó la JEP.
En relación con la Unidad Nacional de Protección, la JEP dispuso que debe impulsar de manera coordinada con la Mesa Técnica de Seguridad y Protección la adopción e implementación del Plan estratégico de seguridad, así como la implementación de las medidas de protección pendientes y realizar estudios de riesgo para los exFarc que lo solicitan, entre otros aspectos.
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