Foto: Archivo
En el año 2022 la Contraloría General de la República hizo una auditoría financiera al Instituto Nacional de Vías (Invías), dando como resultado un presunto detrimento patrimonial por $1.008 millones debido al pago de honorarios y gastos por el tribunal de arbitramento por las obras del nuevo puente Pumarejo.
Este hecho estaría rememora al 18 de diciembre de 2019 , cuando el Invias aceptó la solicitud del contratista (Consorcio SES Puente Magdalena) de modificar el contrato para acudir a la justicia arbitral.
Según dijo la Contraloría este hecho el Invias estaría incumpliendo, unas condiciones que habían sido establecidas, en una órdenes emitidas por la máxima autoridad además de que se hizo caso omiso a un concepto de su Oficina Jurídica y del interventor del contrato.
Un un comunicado de la Contraloría General de la Nación dice que “De acuerdo con el órgano de control, el hallazgo fiscal corresponde a la firma de un otrosí al contrato de obra. En el mismo se incluyó una cláusula que establecía que la resolución de cualquier controversia por el proyecto sería resuelta por un tribunal de arbitramento”.
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