Detienen a ocho personas por el desvío de recursos para programa del adulto mayor de la Alcaldía de Pereira

Minuto30.com-. Personal del CTI logró la captura de ocho personas por hechos de corrupción administrativa que se presentaron en la Secretaría de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía de Pereira en el 2016.

En tal situación estarían involucrados funcionarios, contratistas, representantes de fundaciones y particulares. Las aprehensiones se dieron en diferentes sectores de la ciudad risaraldense y dos de ellas en Cali.

Entre los capturados se encuentran el exsecretario de Desarrollo Social y Político para la época de los hechos, Jhon Jairo Lemus, y la subsecretaria de ese despacho Diana Carolina Sánchez Lema.

De igual manera el funcionario Alejandro Ospina Coll, Carlos Alberto Valencia Ramírez, Libardo Flórez Guerrero, Shirley Xiomara Ramírez Barco, Diana Inés García Benítez y Lina María Franco Sierra.

Los capturados estarían inmersos en las irregularidades cometidas tanto en la etapa precontractual como en la ejecución de cuatro contratos para la atención integral de 93 adultos mayores, por valor de $750 millones, de los cuales $200 habrían sido desviados.

Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Estructura de Apoyo de la Seccional les imputará en audiencia pública los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.

Según la Fiscalía, “mediante la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física se detectó todo el andamiaje delictivo entre servidores y contratistas, a través de la creación de entidades carentes de idoneidad para contratar, generando facturas y cuentas de cobro falsas y/o alteradas para el pago de terapeutas, psicólogos y convenios de hogares de atención inexistentes”.

Igualmente se evidenció que habrían realizado compras ficticias de dotaciones, camas y alimentos, entre otros productos para el cuidado integral de los adultos mayores sin base ni sustento legal.

En tres de las fundaciones, al parecer, se aportaron documentos falsos para acreditar la idoneidad, pues era un requisito fundamental para poder otorgar el contrato. Una vez cumplido dicho trámite, continuaban emitiendo facturas por compras elevadas y ficticias, cuentas de cobro para profesionales que presuntamente prestaban servicios en cada una de las fundaciones a través de talleres y terapias, sin hallarse los comprobantes exigidos como listas de asistencia o fotografías del evento, añadió la Fiscalía.

De igual manera, se presume que falsificaron firmas de beneficiarios, emitieron falsos conceptos satisfactorios y de experiencia para sedes, fundaciones y hogares de atención al adulto mayor, para apropiarse del dinero de manera más rápida.

“Es así como supuestamente engañaron a personas jurídicas y naturales para obtener firmas de certificados de actividades y servicios no realizados, incluso registrando adultos mayores fallecidos o expulsados como beneficiarios vigentes”, puntualizó el ente acusador.

Con información de la Fiscalía General de la Nación