Foto de archivo para ilustrar la nota.
El Comité Internacional de la Cruz Roja emitió una alarmante advertencia sobre la crisis humanitaria que atraviesa Colombia durante 2025, revelando que el primer semestre del año registró un grave deterioro de las condiciones de seguridad que podría convertir este período en el más crítico de los últimos diez años.
El informe divulgado el pasado jueves 31 de julio expone cómo el recrudecimiento de los enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública ha generado consecuencias devastadoras para la población civil, evidenciando el incumplimiento sistemático de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario.
Entre enero y mayo de 2025, un total de 524 personas resultaron heridas o perdieron la vida por causa de artefactos explosivos, lo que representa un incremento dramático del 145% comparado con el mismo período del año anterior.
La población civil ha sido la más afectada por esta escalada de violencia, concentrando el 70 por ciento de las víctimas de estos dispositivos letales.
Entre las víctimas se cuentan 56 menores de edad, una cifra que refleja el impacto desproporcionado del conflicto sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.
El departamento del Cauca emergió como el territorio más castigado, concentrando el 55% de los casos registrados.
Por su parte, Huila experimentó una transformación radical en su panorama de seguridad, pasando de no registrar incidentes en 2024 a convertirse en el tercer departamento más afectado con 50 casos documentados.
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El confinamiento de comunidades enteras se ha intensificado de manera alarmante.
Durante los primeros cinco meses del año, 85.760 personas quedaron atrapadas en sus territorios debido a la presencia de actores armados en 13 departamentos, evidenciando un aumento del 169 por ciento respecto al período anterior.
Norte de Santander lidera las estadísticas de confinamiento con 30.213 personas afectadas, seguido por Chocó con 19.706 habitantes en esta situación.
Los departamentos de Guaviare y Amazonas también reportaron cifras significativas de población confinada.
El desplazamiento forzado experimentó igualmente un incremento preocupante. Un total de 58.160 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en diez departamentos durante el período analizado, representando un aumento del 117 por ciento frente a 2024.
La desaparición forzada continúa siendo una práctica sistemática, con 136 nuevos casos documentados entre enero y mayo, afectando principalmente a población civil en un 79 por ciento. Entre las víctimas se registran 26 menores de edad.
Las condiciones carcelarias agravan el panorama nacional, con un hacinamiento del 28% en establecimientos del Inpec y del 122% en unidades policiales, comprometiendo el acceso a servicios básicos y condiciones dignas de detención.
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