Conceden libertad al «carcelero» de Íngrid Betancourt

BOG04 – BOGOTÁ (COLOMBIA), 09/07/08.- Fotografía del 3 de julio de 2008 en la que se observa a Alexander Farfán o «Enrique Gafas» (c), miembro de las FARC quien fue detenido junto a Gerardo Antonio Aguilar, alias «César», en la operación «Jaque» que permitió la liberación de 15 rehenes, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y once policías y militares. Estados Unidos entregó hoy, 9 de julio de 2008, al ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en Bogotá, los documentos para hacer la solicitud formal de extradición de los dos llamados «carceleros» de las FARC, bajo cargos de terrorismo y toma de rehenes. EFE/Leonardo Muñoz

El guerrillero de las FARC Alexander Farfán, acusado de participar en el secuestro de tres estadounidenses y ser el «carcelero» de la excandidata presidencial colombiana Íngrid Betancourt durante su cautiverio, quedó hoy en libertad tras someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Un juez de ejecución de penas de Bogotá aceptó la solicitud de alias «Gafas», quien estaba recluido desde hacía nueve años en la cárcel La Picota, de la capital colombiana, de obtener su libertad como parte de los beneficios que ofrece la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El guerrillero fue capturado el 2 de julio de 2008 durante la «Operación Jaque», junto a Gerardo Aguilar, alias «Cesar».

Este operativo realizado por el Ejército permitió el rescate de Betancourt, tres contratistas estadounidenses y 11 policías y militares que llevaban años secuestrados por las FARC.

El juzgado bogotano consideró que Farfán cumple con los requisitos exigidos por la JEP, por lo que ordenó dejarlo en libertad condicional de manera inmediata.

«Gafas» participó en el secuestro de los contratistas estadounidenses Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves el 12 de febrero de 2013,

La Jurisdicción Especial de Paz fue creada como parte del acuerdo de paz con las FARC y está destinada a investigar, condenar y sancionar a los responsables de los delitos más graves cometidos en el conflicto armado, como genocidio, secuestro, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, entre otros.

Las sanciones establecidas en la JEP van desde cinco años de restricción efectiva de la libertad hasta 20 años de cárcel, dependiendo de su aporte a la verdad, para los guerrilleros y los terceros.

Para los agentes del Estado serán simétricas y se cumplirán en guarniciones militares. EFE

2017-06-02

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