Colombia y la deuda: Una señal de alerta para el futuro

Colombia ingresa al ciclo electoral de 2026 con una inquietud que va más allá del contexto político: el incremento constante de su deuda y las incertidumbres que surgen en torno a la estabilidad fiscal nacional. No es una lectura ideológica, sino un examen financiero que se basa en cifras oficiales y análisis de riesgo.

El Banco de la República, incluyendo las nuevas operaciones de TES del Gobierno de Gustavo Petro, actualizó los números de deuda externa hasta octubre del 2025. La deuda total llegó a US$239.154 millones (54.9% del PIB), lo cual representa el punto más alto desde mayo de 2024. La deuda pública alcanzó los 145.430 millones de dólares (33,4 % del PIB), mientras que la privada se ubicó en 93.720 millones de dólares (21,5 % del PIB). La deuda externa tuvo un incremento del 9,23 % en comparación con octubre de 2024, debido sobre todo al aumento de la deuda pública (10,45 %). En cambio, la privada creció un 7,39 %, aunque hubo descensos aislados en julio y agosto (El Nuevo Siglo, 2025).

La situación se agravó con la suspensión temporal de la regla fiscal y el aumento del déficit, que el propio Gobierno estimó cercano al 7 % del PIB en 2025 (Reuters, 2025a). Este relajamiento de los anclajes fiscales fue uno de los factores señalados por las agencias calificadoras de riesgo, que advirtieron sobre un deterioro en la sostenibilidad de las finanzas públicas y recortaron la calificación crediticia soberana de Colombia (Reuters, 2025b).

Desde una perspectiva financiera, el endeudamiento puede ser una herramienta legítima cuando financia crecimiento y productividad. El problema se presenta cuando la deuda se utiliza para sufragar gasto corriente sin tener un plan definido de generación de ingresos en el futuro. En ese contexto, el servicio de la deuda se vuelve un lastre estructural que aprieta el presupuesto y disminuye la habilidad del Estado para reaccionar ante crisis económicas o sociales.

Desde el punto de vista financiero, este deterioro tiene consecuencias claras. Los costos de endeudamiento aumentan cuando el riesgo país es más elevado. Esto incrementa el servicio de la deuda y reduce los recursos disponibles para invertir en infraestructura, educación, salud y desarrollo productivo. Dicho de otro modo, cada peso adicional que se destina a intereses significa un peso menos para las políticas públicas que impactan directamente la estabilidad macroeconómica duradera.

Las elecciones para la Presidencia (mayo de 2026) y el Congreso (marzo de 2026) son particularmente importantes en este contexto. El nuevo Ejecutivo tendrá que volver a generar la confianza de los ciudadanos y del mercado mediante decisiones previsibles y técnicas, mientras que el Congreso próximo determinará si hay mayorías que sean capaces de restablecer la disciplina fiscal. Sin sostenibilidad fiscal, no se puede lograr un crecimiento inclusivo ni una política social sostenible.

Lo que Colombia requiere debatir no es si debe contraer deudas o no, sino más bien para qué, de qué manera y con cuántos límites. La deuda no es el problema; lo es la falta de claridad fiscal. Y ese será uno de los retos que el país tendrá que afrontar en 2026, con responsabilidad y evidencia.