Foto de archivo.
En el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya descansa la ponencia definitiva que busca dejar en firme la histórica sanción contra la campaña “Petro Presidente 2022-2026”.
El magistrado Benjamín Ortiz radicó el documento en el que pide desestimar los pataleos jurídicos de la defensa y ratificar las multas millonarias por haber “inflado” los gastos permitidos por la ley.
Según las cuentas del tribunal, la campaña presidencial de Petro se pasó de la raya por unos $5.300 millones de pesos, repartidos entre la primera y la segunda vuelta, lo que representa una violación directa a las reglas de juego electoral en Colombia.
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La sanción no solo es un golpe político, sino un hueco gigante en el bolsillo para los directivos del proyecto político del hoy mandatario. Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña, encabeza la lista de los sancionados junto a la tesorera Lucy Aydee Mogollón y la auditora María Lucy Soto.
Cada uno de estos alfiles tendría que bajarse de más de $2.000 millones de pesos por irregularidades en la financiación y otros $2.000 millones por pasarse de los topes en la primera vuelta. Para la segunda vuelta, el “remiendo” económico sería de unos $600 millones de pesos adicionales.
Ante la noticia, el presidente Gustavo Petro no se quedó callado y, aseguró en redes sociales que su campaña no violó ningún límite.
“No es la oposición, mayoría en el CNE, quien puede juzgarnos”, disparó el mandatario, cuestionando la competencia del órgano electoral y sugiriendo que todo se trata de una persecución política. Sin embargo, la ponencia de Ortiz y el magistrado Álvaro Hernán Prada sostiene que no hay pruebas de irregularidades procesales y que el proceso administrativo está blindado legalmente.
La Fiscalía General ya tiene la lupa puesta sobre Ricardo Roa, quien tiene una cita el próximo 12 de marzo para ser imputado por delitos relacionados con este mismo expediente y por presunto tráfico de influencias.
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