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María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, senadoras de la oposición que integran la Comisión Primera, insisten en señalar que la jurisdicción agraria y la ley estatutaria que la reglamenta, no resuelven el conflicto de tierras que se registra en el país.
Por esta razón, primero pidieron el aplazamiento de la discusión y votación de los dos proyectos de ley, la estatutaria y la ordinaria, hasta tanto no sean escuchados todos los actores del sector agropecuario, que en últimas serán los más afectados con la entrada en vigencia de la nueva jurisdicción.
Cabal, quien ha sido la congresista de mayor énfasis en oponerse a la jurisdicción agraria, asegura que con los proyectos crean un montón de cargos que no se sabe que van a resolver y qué, por el contrario, pueden agravar la conflictividad por la tenencia, propiedad y explotación de la tierra en el país, porque está basado en supuestos ideológicos y no atiende la realidad.
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“Crean un montón de cargos que valen más de 100 mil millones, no hay concepto de Hacienda solo un estimado y usted no puede trabajar sobre estimados, nos oponemos a lo anti técnico, qué problemas van a resolver, porque cuando usted tiene una jurisdicción agraria con un alto contenido de sesgo ideológico no va resolver nada, porque de entrada está diciendo que hay unos con más derechos que otros, si aquí se quieren resolver los problemas hay que reclamar el principio de igualdad ante la ley, lo que están desconociendo”, sentencia la senadora Cabal.
Por su parte la senadora Paloma Valencia, argumenta que con la nueva jurisdicción se rompe el principio de igualdad ante la ley, pues considera que los proyectos que se tramitan en el Senado lo que hacen es perseguir a los empresarios del agro, generando estigmatización a los empresarios agroindustriales y señala defender la población débil, sin determinar ni precisar quienes son los débiles.
Y sustenta su oposición en que “es la manera de gastarse más de 130 mil millones de pesos al año, en vez de dárselos a los campesinos que están esperando vías, escrituración; nadie sabe que va a resolver la jurisdicción agraria, es un gran misterio, uno lee la norma y le parece que están graduando a todos los agroindustriales de criminales, están graduando a los propietarios de la tierra en una especie de señores feudales malísimos, a los que hay que quitarles todo. Nos preocupa una norma que dice que la función de la jurisdicción es defender al débil, pero yo hago la pregunta, ¿quién es el débil?, la señora viuda que tiene una finca de la que vive o los invasores que fueron y le destruyeron su finca, hay unas cosas que no podemos dejar, porque uno de los principios elementales de todo el derecho es la igualdad ante la ley, no puede ser que a través de una ley pretendan decir que hay unos que tienen más derecho a la tierra que otros”, subraya Paloma Valencia.
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