Foto: Archivo
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación en juicio oral por el secuestro de un ciudadano en zona rural de Yumbo (Valle del Cauca), ocurrido el 14 de junio de 2016, permitieron la condena de dos uniformados de la Policía Nacional y un particular.
Se trata de los patrulleros Ferney Alonso Castro Caro y José Antonio Sandoval Daza quienes fueron sentenciados a 42 años y 6 meses de prisión por los delitos de secuestro extorsivo; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y hurto calificado, las tres conductas agravadas.
Por estos hechos también fue condenado a 41 años y 6 meses Yecid Díaz, alias el Indio o Jota, por los delitos de secuestro extorsivo; y hurto calificado y agravado.
La investigación liderada por un fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizada demostró que los patrulleros participaron activamente en la planeación y ejecución del secuestro.
El uniformado Castro Caro en compañía de otro policía interceptó a la víctima en el momento que se desplazaba en un vehículo particular a recoger a su hijo del colegio. Lo hicieron descender y le informaron que tenía una orden de captura en su contra.
Luego lo entregaron a otra persona que era funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), también vinculado al proceso, quien lo transportó en un vehículo oficial hasta una finca. En el trayecto la víctima fue golpeada, le colocaron una capucha negra y le inyectaron una sustancia que lo adormeció.
Alias el Indio o Jota, recibió al secuestrado y lo mantuvo en cautiverio por dos meses cambiándolo en tres ocasiones de lugar para evitar su rescate.
Por su parte, el patrullero Sandoval Daza perfiló a la víctima, hizo seguimientos, un día antes estuvo en una reunión de planeación y tuvo comunicación con la esposa del secuestrado para exigir cinco millones de dólares para dejarlo en libertad.
El Gaula Militar el 14 de agosto de 2016 rescató a la víctima en un cambuche en una vereda de Dagua (Valle del Cauca).
El fallo impuso a los tres procesados la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años y la prohibición de tenencia o porte de armas de fuego.
Asimismo, ordenó la captura inmediata de los condenados para que cumplan la pena en el centro de reclusión dispuesto por el Inpec.
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La Fiscalía logró demostrar su responsabilidad con las pruebas recopiladas durante la investigación.
La distinción destaca su trayectoria detrás de cámaras y su aporte a la creación audiovisual.
La alerta de ciudadanos permitió que una patrulla los ubicara pocas cuadras después del establecimiento.
Especialistas en desactivación de explosivos realizaron el procedimiento para retirar el material del sector.