¡Capturen a Calarcá!

Hago un enfático y vehemente llamado a la Fiscalía General de la Nación para que reactive de manera inmediata las órdenes de captura en contra de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, suspendidas desde 2024 por decisión del ente acusador, previa solicitud del Gobierno Nacional.

La Corte Constitucional ha sido clara en este punto. En la sentencia C-525 de 2023 declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, bajo el entendido de que la suspensión de las órdenes de captura contra miembros o voceros de grupos armados organizados no opera de manera automática tras la solicitud del Poder Ejecutivo. Por el contrario, corresponde a la Rama Judicial valorar en detalle los supuestos que justifican dicha medida.

En ese sentido, el Gobierno no manda a la Rama Judicial. La Fiscalía General de la Nación, en virtud del principio de separación de poderes, mantiene la facultad de examinar la conveniencia de la suspensión y, además, puede reactivar las órdenes de captura de manera inmediata cuando se incurra en nuevos delitos, sin requerir el aval del Ministerio de Justicia ni del Alto Comisionado para la Paz.

Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en este caso.

Como es de público conocimiento, alias “Calarcá” utilizó la suspensión de las órdenes de captura para seguir delinquiendo, infiltrar el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia, ampliar la capacidad militar y financiera de su estructura armada y transportarse libremente por todo el territorio nacional, incluso en camionetas de la Unidad Nacional de Protección.

Al respecto, la propia Corte Constitucional señaló que la autoridad judicial podrá revocar la suspensión de las órdenes de captura cuando se incurra en la comisión de nuevos delitos. En consecuencia, resulta manifiestamente insostenible mantener suspendidas las órdenes de captura en su contra.

Sin embargo, pareciera que la estrategia del Gobierno Nacional —y la pasividad de la Fiscalía— ha sido permitir que los criminales permanezcan en libertad. Bajo la denominada “Paz Total”, el Gobierno ha claudicado ante la criminalidad, ha permitido la expansión de los grupos armados —que hoy cuentan con 27.000 hombres en armas— y ha sido testigo de un deterioro alarmante en los indicadores de seguridad: el secuestro ha crecido 336%, la extorsión 46% y el terrorismo 119%.

Frente a este escenario, la Fiscalía no puede eludir su mandato constitucional. Debe actuar sin titubeos frente a criminales de alta peligrosidad.

Por ello, reitero el llamado a que se reactiven de inmediato las órdenes de captura contra alias “Calarcá”. Contrario a lo que se ha difundido, no se requieren mesas técnicas ni espacios de concertación dentro de quince días. La ley es clara y permite actuar de forma inmediata.

La situación de seguridad del país es crítica. El Estado no puede seguir teniendo las manos amarradas para combatir el terrorismo, ni puede seguir tomando decisiones que, por acción u omisión, terminen favoreciendo a los criminales.

Más grave aún, resulta inevitable preguntarse si esta inacción responde a cálculos políticos de cara a las elecciones de 2026, permitiendo que los mayores criminales del país transiten libremente para hostigar y amedrentar a la población.

Los colombianos tienen derecho a vivir en un país seguro, libre de grupos armados, donde el Estado los combata con determinación y no termine protegiéndolos por conveniencia política.