Foto de archivo para ilustrar la nota.
La ciudad de Cali se enfrenta a una inminente crisis humanitaria tras la llegada masiva de más de 200 familias provenientes del municipio de Buenos Aires, Cauca.
Desde el pasado 16 de diciembre, la capital del Valle ha recibido un flujo ininterrumpido de ciudadanos que huyen del desplazamiento forzado, provocado por la cruda violencia armada que azota al suroccidente del país.
Según el reporte de la Personería de Cali, la situación alcanzó un punto crítico el 29 de diciembre, cuando 82 personas se agolparon en el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) clamando por refugio y protección.
Los testimonios de las víctimas son desgarradores. Relatan que el detonante fue una toma armada en Buenos Aires, presuntamente ejecutada por disidencias de las FARC, que dejó daños en la Alcaldía, la estación de Policía y varias viviendas.
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Además de los combates, el miedo al reclutamiento forzado de menores y la instalación de artefactos explosivos en caminos rurales obligaron a cientos de personas a abandonar sus parcelas con lo poco que llevaban puesto. Entre los afectados se contabilizan 28 niños, 41 adolescentes y 22 adultos mayores, todos en condiciones de alta vulnerabilidad.
Gerardo Mendoza Castrillón, personero de Cali, fue enfático al declarar que la ciudad no puede permitir que la violencia derive en un abandono institucional. “El suroccidente no se puede convertir en un segundo Catatumbo”, advirtió el funcionario, mientras activaba el Plan de Contingencia junto a la Subsecretaría de Atención a Víctimas.
La prioridad actual es el censo y la entrega de ayuda humanitaria inmediata, pues las familias se encuentran dispersas en diferentes barrios de la ciudad enfrentando hambre y falta de alojamiento.
En cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, la Personería ya formalizó la toma de declaraciones colectivas para que estas familias sean incluidas en el registro de la Unidad para las Víctimas. Mientras se tramitan las indemnizaciones y medidas de reparación, Cali clama por una intervención más decidida del Gobierno Nacional, pues la capacidad local para atender este volumen de personas está llegando a su límite.
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