Bolsonaro insiste en dar “seguridad jurídica” a policías que maten criminales

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, insistió este martes en que aquellos policías que en el ejercicio de sus funciones maten a algún delincuente deben tener las garantías jurídicas para no responder judicialmente por ello.

Durante una visita a un mercado de Sao Paulo, el gobernante envió un mensaje “a los hipócritas” que se oponen a esa medida, sobre la cual aseguró que “no es un permiso para matar, sino el derecho de no morir”.

El líder de la ultraderecha brasileña, un fervoroso defensor de la mano dura contra el crimen, también dijo que “entre la vida de un policía y la de mil vagabundos, o de 111 vagabundos, un número muy emblemático”, escogerá siempre “la vida del policía”.

La alusión al número 111 y la calificación de “emblemático” responde a que esa fue la cifra de presos muertos que dejó una violenta represión policial de un motín ocurrido en octubre de 1992 en la cárcel de Carandirú, hoy demolida y que estaba en la zona norte de Sao Paulo.

Según Bolsonaro, “un policía tiene que cumplir su misión y luego ir a casa a descansar, sin aguardar una noticia de un oficial de la Justicia” en caso de que haya matado a un delincuente en el ejercicio de sus funciones.

Esa propuesta fue incluida en un paquete de medidas contra la delincuencia remitido por el Gobierno el año pasado al Congreso, que finalmente decidió eliminar ese punto, rechazado en forma enérgica por organizaciones de derechos humanos, que ubican a los cuerpos de seguridad de Brasil entre los más violentos del mundo.

Sin embargo, el mandatario afirmó este martes que, a partir del próximo febrero, cuando serán renovadas las presidencias de las cámaras de Diputados y del Senado, pretende insistir con el asunto.

“Vamos a volver a proponer la exclusión de ilicitud”, que es como se conoce legalmente a esa figura, adelantó Bolsonaro en el marco de una visita al mercado mayorista de Sao Paulo, considerado como el mayor centro de distribución de alimentos del país.

La llamada “exclusión de ilicitud” para la Policía fue una de las diversas medidas planteadas por Bolsonaro en términos de seguridad y lucha contra el crimen que no fue aprobada por el Parlamento o fue moderada luego por la Justicia.

La semana pasada, como parte de su estrategia para favorecer la venta de armas entre los civiles y promover la “autodefensa” frente al crimen, el Gobierno dictó una medida que anulaba los impuestos del 20 % que se aplican a la importación de pistolas y revólveres.

Sin embargo, en respuesta a una demanda de algunos partidos de la oposición, el magistrado Edson Fachin, uno de los once miembros de la Corte Suprema, dictó una medida cautelar que dejó en suspenso esa medida, al menos hasta que sea analizada por el pleno del tribunal, lo cual sólo ocurrirá a partir de febrero próximo.