En el último consejo de ministros el presidente la emprendió de nuevo contra “la parrandada (sic) de terratenientes improductivos que no pagan impuesto sobre la tierra”.
FALSO. Todos los propietarios de tierra lo pagan. Es una afirmación infame, pues no estamos ante contribuyentes ladrones, como sugiere Petro, sino ante un Estado negligente. El propietario paga lo que le cobran, pero si las autoridades catastrales no hacen las actualizaciones a que están obligadas, ¿de quién es la culpa?
El presidente se refería a la actualización masiva de avalúos catastrales que ordena el artículo 49 de la Ley del Plan; un artículo que es un despropósito, como la resolución 2057 del IGAC, cuya metodología pongo en duda por sus resultados, con porcentajes de incremento que rayan en el absurdo para zonas rurales de 527 municipios.
También dudo que los ajustes consulten el artículo 9º de la Ley 101/93, la cual establece que cuando las normas sobre uso de la tierra no permitan aprovechamientos diferentes de los agropecuarios, los avalúos solo podrán tener en cuenta la capacidad productiva y la rentabilidad de la tierra.
Los ejemplos son de Ripley: en la región 18 de Saravena, Arauca, el incremento supera el 2.500.000% (leyó bien: dos millones quinientos mil %) y el promedio departamental el 201.000%. En Atlántico el incremento promedio supera el 18.000% y en siete departamentos es superior al 1.000%, lo que no es consuelo para Amazonas y Tolima con 900%, o para Nariño, departamento minifundista, con un promedio del 766%. Petro afirmó que la medida no era para los pobres, pero me temo que también es falso.
El anexo metodológico incluye una “confesión de parte” de esa culpabilidad del Estado: “El rezago… se relaciona con la falta de implementación de lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 145 de 2011, que establece la obligación de las autoridades catastrales de actualizar los catastros en periodos de cinco años”. Según el IGAC, el catastro rural presenta un rezago promedio de 15 años, pero hay municipios con 20 y 30 años sin actualización, así que estamos ante el incumplimiento de una obligación legal, un “error omisivo” del Estado durante años y, por tanto, su corrección no puede afectar “de golpe y porrazo” a los propietarios de tierra, sino que debe tener una gradualidad acorde con los tiempos del error estatal.
La afectación es grave, pues el predial, a pesar de las limitaciones a su aumento anual, tendrá una tendencia incremental durante varias vigencias, que debe atenuarse con una justa gradualidad en el incremento de los avalúos y con tarifas mínimas por parte de los municipios.
La Resolución 2057 es una exacción que afectará al sector agropecuario con una carga impositiva que no consulta la situación del campo, donde todo falta y solo sobran el abandono y la violencia. Es un camino hacia la quiebra rural, un riesgo ante el cual… debemos movilizarnos.
@jflafaurie
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