Luis Pérez y Andrés Julián Rendon, imputados por caso de las ciclorrutas de oriente. Fotos: Redes Sociales
Minuto30.com .- Un fuerte sismo político sacude a la Gobernación de Antioquia. En las últimas horas, se conoció que la Contraloría General del departamento profirió imputación de cargos contra el actual gobernador, Andrés Julián Rendón, por presuntas irregularidades y un detrimento patrimonial relacionado con su gestión como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019.
La investigación, revelada inicialmente por Blu Radio, se centra en el fallido proyecto de ciclorrutas para el Oriente antioqueño. Una obra que prometía conectar a municipios como Rionegro y Marinilla con una inversión de 25 mil millones de pesos, pero que hoy, años después, se traduce en obras inconclusas y terrenos en disputa.
El ente de control puso la lupa sobre un contrato interadministrativo por 34.458 millones de pesos suscrito entre la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) e Indeportes. De esta suma, se habrían desembolsado 26.186 millones a dos firmas constructoras, sin que el objeto del contrato se cumpliera satisfactoriamente.
La Contraloría determinó que hubo graves debilidades en la etapa precontractual. Al parecer, se celebraron contratos para obras en terrenos que no habían sido negociados ni adquiridos totalmente. “Había que comprar muchas franjas de terreno; cuando fueron a hacer las negociaciones, algunos cedieron y otros no, y hoy reclaman daños y perjuicios”, señala el documento del caso.
Documentos publicados por Blu Radio
Otros implicados en la lupa
La imputación no afecta únicamente al mandatario departamental. La lista de implicados incluye a figuras clave de la actual y pasadas administraciones:
Luis Pérez, exgobernador de Antioquia; Rodrigo Hernández exalcalde de Rionegro; Héctor Fabián Betancur Montoya; Luis Roberto Durán; Camilo Andrés Angel; María Catalina Ochoa y William Moncada. Además la empresa cosntructora Construcciones e Inversiones SAS, y la Aseguradora AXXA
Para la Contraloría de Antioquia, el dinero invertido no se ve reflejado en un beneficio para la comunidad, pues las ciclorrutas no son funcionales hoy en día.
El proceso busca determinar la responsabilidad fiscal de los implicados en la pérdida de estos recursos públicos que debían modernizar la movilidad en el Oriente.
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