Colombia Americas Summit
La Fiscalía General acusó a tres funcionarios por su presunta participación en contratos irregulares de apoyo logístico y operativo para la VI Cumbre de las Américas que se realizó en Cartagena de Indias en 2012.
La institución señaló que los implicados suscribieron un contrato entre la Unión Temporal Cumbre de Las Américas y el Ministerio de Relaciones Exteriores cuyo valor ascendió a 43.000 millones de pesos (unos 12,3 millones de dólares).
A este se le hizo una adición de 12.000 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares) para “cubrir actividades que estaban contempladas en el contrato inicial como servicios de salud, imprevistos y gastos generales”, detalló la Fiscalía en un comunicado.
Asimismo, supuestamente se pactó un monto de 6.000 millones de pesos (unos 1,7 millones de dólares) para la producción y transmisión de televisión.
“De acuerdo con la normatividad, la adición aprobada no era viable porque se necesitaba de un nuevo contrato con proceso licitatorio previo en el que debían participar distintos oferentes para garantizar los principios de planeación, economía, eficiencia y selección objetiva”, agregó la información.
Por este caso, la Fiscalía vinculó a la directora administrativa y financiera de la Cancillería colombiana de ese momento, Araminta Beltrán Urrego, y al supervisor del contrato, Alexánder Potdevin Gutiérrez.
De igual forma al representante legal del consorcio Unión Temporal Cumbre de Las Américas Cartagena 2012, Antonio Porras Gutiérrez.
A estas tres personas, la Fiscalía los acusó por los delitos de apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales.
El pasado 8 de noviembre la Procuraduría colombiana formuló cargos a Potdevin y a la exsecretaria general y representante legal del Fondo Rotatorio de la Cancillería, María Margarita Salas Mejía, por las presuntas irregularidades en la ejecución y pagos del contratos para esa cumbre.
Entre las irregularidades encontradas por la entidad se encuentran la falta de rigurosidad en la verificación de facturas y otras que fueron entregadas con valores aparentemente superiores a los servicios prestados. EFE
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