Absurdo desmontar los impuestos saludables

El debate sobre la salud pública en Colombia no puede reducirse a un cálculo de popularidad ni a consignaciones tributarias simplistas. La reciente iniciativa impulsada por los representantes Daniel Briceño y Carol Borda, busca echar para atrás los llamados «impuestos saludables» bajo el argumento de que impactan el bolsillo de los tenderos y las finanzas del ciudadano de a pie. Sin embargo, pretender desmontar esta carga fiscal no solo representa un retroceso irresponsable, sino un rechazo absoluto a la evidencia científica y epidemiológica que demuestra cómo la proliferación de comestibles ultraprocesados ​​está carcomiendo la salud nacional. La propuesta de los congresistas peca de una miopía alarmante al ignorar que el verdadero costo no se mide en la vitrina de la tienda, sino en los pasillos de las salas de urgencias.

Si recorremos con ojo crítico las estanterías de cualquier tienda de barrio, supermercado o puesto ambulante, la realidad salta a la vista: difícilmente el diez por ciento de la oferta disponible corresponde a alimentos reales e integrales. En su lugar, predomina un paisaje saturado de carbohidratos refinados, azúcares añadidos y grasas trans presentadas en múltiples empaques y colores. Llamar a estos productos «alimentos» es un desacierto conceptual, pues no nutren; son comestibles formulados industrialmente que promueven el consumo masivo y que, sumados a los niveles alarmantes de sedentarismo de la población, actúan como detonante directo de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y los padecimientos cardiovasculares.

Es indiscutible que el sistema de salud colombiano se encuentra en una crisis profunda, funcionando más como un paciente terminal que como una red eficiente de prevención y atención. En este contexto, permitir que los comestibles nocivos circulen sin ningún desincentivo tributario equivale a subsidiar un modelo que congestiona las Unidades de Cuidados Intensivos y colapsa la capacidad presupuestal del Estado. Si bien es legítimo cuestionar el uso y la transparencia con la que los gobiernos recaudan y ejecutan estos fondos, la respuesta jamás puede ser eliminar el tributo. Por el contrario, la ley requiere un ajuste riguroso donde el principio tributario responde a la corresponsabilidad y al riesgo epidemiológico que genera cada actor del mercado.

Una revisión justa y estructural de la norma no debe cargar la mano de manera ciega sobre el eslabón más débil de la cadena, pero tampoco puede eximir de responsabilidad a quienes consumen o producen estos insumos. El tendero de barrio, un mero intermediario de la distribución comunitaria, debería asumir un porcentaje tributario mínimo, evitando que su estabilidad económica sea pisoteada. Por su parte, la gran industria fabricante, aquella que diseña, produce y promociona alimentos diseñados para generar un masivo consumo, debe soportar una carga impositiva significativa que internalice el daño social que genera.

De igual forma, el consumidor que elige perpetuos hábitos de ingesta nociva para su organismo debe asumir una fracción diferencial, entendiendo que su elección individual acarrea un impacto colectivo.
Existe la postura escéptica de que el incremento en los precios mediante impuestos no modificará de forma mágica la conducta del consumidor ni evitará que la gente siga comprando chucherías. No obstante, esa visión omite el propósito central de la fiscalidad saludable: aunque la medida no genere un milagroso cambio de hábitos de la noche a la mañana, la recaudación que de allí se deriva es vital para inyectar recursos directos al sistema sanitario, el cual termina cubriendo los altísimos costos del tratamiento de patologías metabólicas. Desarmar este gravamen sin ofrecer un mecanismo sustituto de financiamiento para la salud pública es una ligereza política que solo beneficia a las grandes corporaciones de comestibles.

Resulta indispensable defender la autonomía individual y la libertad de elección, pues no le corresponde al Estado dictaminar de manera autoritaria qué llevar cada ciudadano a su plato. Ahora bien, la libertad individual no puede desligarse de la responsabilidad social. Aquel ciudadano que decida no cuidarse, ignorar los límites y consumir productos que deterioran progresivamente su salud, debe estar dispuesto a asumir una contribución impositiva mayor. Este principio no es nuevo ni arbitrario; es la misma lógica con la que se gravan los consumos excesivos de agua, energía o tabaco: quien genera un mayor impacto o riesgo sobre un bien público o sobre la infraestructura estatal, debe pagar una tarifa superior por ese impacto.

En conclusión, la propuesta legislativa de Borda y Briceño para derogar los impuestos saludables resulta olímpica e inaceptable, ya que prefiere la salida fácil de la demagogia económica antes de abordar la raíz del problema de salud pública. Cobrarle a quien no impacta negativamente el sistema o pretender que la epidemia de la mala nutrición se resuelva ignorándola es una irresponsabilidad parlamentaria. Colombia no necesita eliminar los impuestos a la comida chatarra; necesita redistribuirlos con justicia social, blindar los recursos para la salud y recordarle a la ciudadanía que la prevención y el autocuidado también tienen un valor ético y económico que todos debemos sostener.