El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. EFE/Archivo
El fiscal general Néstor Humberto Martínez. EFE
31 alcaldes y exalcaldes del país están en la mira de la Fiscalía por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del POT. Así lo reveló este martes el ente investigador, en cabeza del fiscal General Nestor Humberto Martínez.
Como lo explicó Martínez, se trata de casos de “volteo de tierras” en el que funcionarios compran predios en áreas rurales y cercanas a cascos urbanos, para luego incluirlos en zonas de expansión urbana y generar un incremento exponencial en su precio.
Además de los mandatarios locales, la Fiscalía también investiga a compañías constructoras señaladas de obtener millonarias ganancias gracias a estas irregularidades, con las que se manipulan los Planes de Ordenamiento Territorial.
De acuerdo con el fiscal general, el POT sirve “para planificar la vida de las ciudades el desarrollo de los municipios, y de sus zonas rurales. Lamentablemente estos mecanismos de planeación han servido como recurso de corrupción y de exigencias a los ciudadanos, contratistas o en el beneficio de servidores públicos”.
Por estos señalamientos fueron citados a audiencia de imputación de cargos el exalcalde del municipio de Mosquera, Luis Álvaro Rincón Rojas, la exprimera dama de esa localidad, Edith Rocío Peñuela; el exinspector de Policía Wilson Romero Castro, el concejal Víctor Julio Castellanos Jiménez y el contratista Ernesto Pinto Salazar.
A estas personas les serán imputados los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la investigación del ente acusador, el 30 de diciembre del 2009 el Concejo Municipal aprobó el proyecto de acuerdo que días antes había presentado el entonces alcalde, mediante el cual se modificaba el POT. Esta modificación incorporaba al perímetro urbano un predio rural de propiedad de su esposa, que luego fue vendido por un precio muy superior al que lo habían comprado.
De acuerdo con el senador Carlos Fernando Galán, otros casos de corrupción similares se habrían presentado en Funza, Bucaramanga y Villavicencio.
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